Sin circunloquios ni excusas, sin escudarse en el proceso judicial, el arzobispo de Iruñea y Tutera, Francisco Pérez, pidió ayer perdón en nombre de la Iglesia católica a las personas que denunciaron abusos sexuales en el Colegio de Nuestra Señora del Puy de Lizarra. Afirmó ser «consciente» de que la sociedad cree que llegan tarde y dijo comparecer «para pedir disculpas y perdón por esta tardanza». Pérez se comprometió a «poner todos los medios y recursos necesarios para que no vuelvan a darse este tipo de hechos».

Es una victoria de quienes han tenido el coraje y la perseverancia de denunciar estos hechos, de todos y todas las supervivientes de esa violencia. Se trata de una declaración explícita y excepcional, por parte de una institución que durante décadas ha negado, tapado y blanqueado los abusos sexuales contra menores dentro de sus centros, colegios y entidades. Lo cierto es que, de puro concreto, el perdón se limita a uno solo de esos miles de casos, y que el sacerdote que cometió esos crímenes ya está muerto. Centrar todo en este caso y en quienes lo han denunciado, cuando las víctimas son muchas más, en muchos otros sitios, y también son muchos más los agresores, forma parte de una estrategia para controlar los daños en la reputación de una Iglesia con mucho poder pero en horas bajas.

No es para menos. En todo el mundo, representantes de la Iglesia han utilizado el poder que tenían para abusar sexualmente de personas indefensas a las que debían educar, acompañar y proteger. Han provocado traumas difíciles de sanar, y han negado su responsabilidad en ese dolor. Convirtieron espacios que debían ser seguros para niños y niñas en trampas para ejercer el terror sexista. No es casual que esto suceda en un ámbito social donde la represión sexual, la homofobia y la misoginia están institucionalizadas, donde hay el mandato de negar una sexualidad libre y sana. Esa agenda negacionista y represiva debe ser combatida antes de que provoque más sufrimiento.