El debate sobre el derecho a decidir es una constante en la vida política contemporánea. Se puede esquivar, dilatar o rebajar, pero no se puede negar. A nada que se hagan las preguntas básicas que genera cualquier decisión política, el derecho a decidir surgirá de un modo u otro. Desde las cosas particulares, locales y cotidianas, hasta las decisiones más estratégicas y cruciales que debe tomar un pueblo, si se pregunta en alto qué harán, entre quiénes, cómo lo decidirán y cómo lo llevarán a cabo, se habrá de responder a cuestiones centrales sobre democracia, participación y soberanía. Y eso genera una cultura democrática dinámica y enriquecedora. Es políticamente un círculo virtuoso y emancipador que se debe alimentar.

Cuando se elige a los representantes para un órgano, al decidir construir una infraestructura, al debatir sobre las normas que regirán dentro de una comunidad, al establecer las relaciones que habrá entre unas y otras, al consensuar los valores que se promoverán… siempre habrá que determinar quiénes deciden estas cuestiones y cómo lo hacen. Por supuesto, el ejercicio no es sencillo, porque afecta a otros valores y debates democráticos. Por ejemplo, al pluralismo y a la relación entre mayorías y minorías, a determinar a partir de qué edad se comparten qué deberes y qué derechos en una sociedad, o cuánto tiempo tienen vigencia los consensos constitucionales de cualquier comunidad.

Los poderes del Estado español, desde el Ejecutivo hasta la judicatura, no quieren atender ninguno de estos debates democráticos. El régimen del 78 ha sobrevivido a fuerza de negar y reprimir la realidad, de combatir la pluralidad y la democracia, de pervertir el Estado de Derecho, siempre utilizando en vano esos conceptos.

La insolencia antidemocrática española

Si en un inverosímil arrebato, Iñigo Urkullu o Maddalen Iriarte dijesen algo parecido a «jamás aceptaremos lo que vote nuestra ciudadanía si no coincide con lo que nosotros pensamos», serían tachados con razón de autoritarios y enemigos de la democracia. Si los líderes catalanes dijesen que serán independientes diga lo que diga la sociedad catalana, serían considerados totalitarios.

Sin embargo, Pedro Sánchez afirma que «jamás» aceptarán un referéndum y los unionistas quieren hacer pasar semejante insensatez por algo políticamente cabal. No lo es. Y el hecho de que la derecha española retuerza la realidad hasta situar a Sánchez en la traición a la unidad de España, el delirio ultra, no hace esa sentencia del presidente español más razonable.

Entre el negacionismo del resto de realidades nacionales que no sean España y la primacía constitucional de quienes se sienten españoles sobre el resto, este Estado no tiene viabilidad a medio plazo que no pase por alargar neciamente todos los debates y por ejercer la represión de manera más o menos sofisticada. Hay que buscar alternativas a esos marcos sin rendir un solo frente democrático.

Activar y articular los consensos democráticos

Todo indica que en la sociedad vasca la mayoría de la gente desea poder decidir sobre todas las cosas que le afectan sin sufrir violencia por ello. Quiere poder tener la palabra y que esta se tenga en cuenta. Ve mal que se reprima la discrepancia. Así aparece reflejado en diferentes encuestas. La última, y más significativa por estar enfocada a este fenómeno y porque tiene en consideración a todo el país, Naziometroa.

Las corrientes generales del mundo también empujan en ese sentido. En términos nacionales en Escocia o Kanaky-Nueva Caledonia, pero también en clave de participación y debate público para el desarrollo de derechos civiles y políticos, como en el referéndum para despenalizar el aborto en Irlanda. Que otros decidan quién eres o qué quieres nunca será una propuesta ética y políticamente atractiva. La autodeterminación es tendencia.

Periódicamente, esa opinión mayoritaria a favor de decidir aquí las cosas que afectan a la ciudadanía vasca se activa política e institucionalmente. Estamos en ese momento y es importante aprovecharlo. Ayer, de la mano de Gure Esku Dago, la dinámica “Hamaika Gara Erreferendumaren alde” conectó en Bilbo las demandas que acoge el derechos a decidir a través de una acción sociocultural espectacular. La ciudadanía vasca tiene que activarse y plantear cuáles son sus mínimos, no puede dejar en manos de los partidos y las instituciones algo tan importante como el derecho a decidir su futuro.