Desde el «28 de abril y hasta el 28 de junio se han reportado 83 homicidios», 327 desapariciones, torturas y miles de «detenciones arbitrarias», señaló en su denuncia ante la ONU la red de organizaciones colombianas e internacionales, que también pidió al organismo internacional condenar la «brutal represión» de la fuerza pública.

La denuncia se recoge en un informe presentado en Ginebra, donde se reúne el Consejo de Derechos Humanos desde el 21 de junio hasta el 13 de julio.

Según el texto, 27 fallecidos fueron «víctimas» del Escuadrón Antidisturbios (Esmad). Otras muertes fueron provocadas por «civiles armados sin identificar, que a menudo actúan con la complicidad de los agentes de las fuerzas armadas del Estado».

El Gobierno dice que grupos dedicados al narcotráfico y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se camuflan entre los manifestantes para generar caos. Desde el 28 de abril, miles de colombianos están saliendo a las calles para protestar contra las políticas del Ejecutivo, denunciar las injusticias que se comenten a diario en el país y reclamar unas condiciones de vida dignas.

Human Right Watch (HRW) ha afirmado que en las últimas décadas no se había visto ese nivel de brutalidad policial en Colombia. Más de 60 personas han muerto durante la crisis, según la Defensoría del Pueblo, aunque otras fuentes cifran en 45 los homicidios en el marco de las protestas y la embajadora del Gobierno ante la ONU, Alicia Arango, los rebaja a 24. En estos dos meses de manifestaciones se ha registrado, además, cientos de desaparecidos.

Sin rastro

«Un hecho particularmente preocupante es la práctica de la desaparición forzada (...). Hasta la fecha, 327 personas continúan desaparecidas», enfatiza la denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Sin embargo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y la ONG Temblores calculan que son 548 las personas desaparecidas solo en el marco de las protestas.

Además, continúa la denuncia ante la ONU, unos «3.200 manifestantes han sido detenidos arbitrariamente sin garantías a su derecho a un debido proceso, lo que los ha expuesto a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes».

Los abusos incluyen «golpizas, puñetazos con objetos contundentes, descargas eléctricas, amenazas de desaparición forzada, desnudez forzada y violencia sexual y de género, incluida la violación» y han sido dirigidos «especialmente» contra grupos indígenas, miembros de la comunidad LGTBIQ+, defensores de derechos humanos, personal médico y periodistas, agrega.

Aunque el frente más visible de las movilizaciones suspendió las convocatorias hasta el 20 de julio, parte de los manifestantes siguen saliendo a las calles.

La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de la Presidencia adelanta 127 investigaciones «por presuntas faltas disciplinarias» de la Policía.

El martes, tres policías fueron suspendidos de sus cargos por agredir a dos periodistas y a un joven en una protesta en Bogotá.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), firmante del documento, acusó «crueldad» y «uso sistemático de armas de fuego» por parte de la Policía.

HRW, por su parte, acusa a la fuerza pública de estar implicada en al menos 20 homicidios y asegura que 16 de las víctimas recibieron tiros disparados por agentes con intención de «matar».

Flotando en el río

El 23 de mayo tres organizaciones defensoras de derechos humanos –Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Equipo Jurídico y Humanitario 21N y Corporación Justicia y Dignidad–, publicaron un informe con testimonios que daban cuenta de la existencia de fosas comunes en al área rural de los municipios de Buga y Yumbo y «casas de pique» –lugares vinculados a los paramilitares, que los utilizan para torturar, ejecutar y desmembrar a sus víctimas– en Ciudad Jardín, uno de los sectores más lujosos de Cali, que estarían siendo usadas para acabar con la vida de manifestantes del Paro Nacional. El documento señala, además, que en esos crímenes estaría implicada la Policía, ya que los cuerpos se trasladan en sus vehículos.

Según han recogido medios locales y denunciado líderes indígenas como Feliciano Valencia y cargos públicos como el senador Gustavo Bolívar, desde hace algunas semanas han empezado a aparecer en los ríos, principalmente en el río Cauca, y en diferentes lugares donde ha habido fuertes protestas, cuerpos que podrían ser de desaparecidos, con signos de tortura, decapitados y desmembrados, muchos de ellos en bolsas de plástico.

elDiario.es informó esta semana que hace unos días en el área rural del municipio de Tuluá, en una bolsa plástica apareció la cabeza del joven Santiago Ochoa, de 22 años, que había salido de su casa esa misma mañana.