Decenas de obreros levantan desde hace unas semanas un emporio industrial en «ciudad modelo Morazán». Es uno de los, por ahora, tres territorios que van a funcionar, a pesar del rechazo de la ciudadanía, como un Estado dentro de otro Estado.

Se trata de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), espacios que atraen inversiones extranjeras y generan empleo en un país con un 70% de su población en pobreza, según el Gobierno de Juan Orlando Hernández.

Para la sociedad civil, por el contrario, constituyen demarcaciones que podrían servir de refugio a prófugos de la Justicia, evadiendo leyes nacionales.

«La tierra se quiere dividir, se quieren crear Estados dentro del propio Estado de Honduras, para crear nuevas leyes, nuevos procesos, nuevas instituciones», asegura Gabriela Castellanos, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que agrupa a gran parte de la sociedad civil y que recientemente presentó en el Congreso una iniciativa ciudadana para derogar la ley que creó las ZEDE.

A su juicio, «no solamente los narcotraficantes sino que los corruptos» quedarán «protegidos» en estos territorios dentro de Honduras.

¿Cómo funcionan?

Las ZEDE han sido impulsadas por Hernández y concebidas como «zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del resto del territorio nacional». Serán lideradas por un secretario técnico, hondureño.

Deberán crear sus «órganos de seguridad interna (…), incluyendo su propia policía», según la ley. También tendrán «tribunales autónomos» y podrán «recaudar sus propios tributos». Aunque prevalece sobre ella la Constitución, «en lo que sea aplicable». Y en ellas pueden invertir nacionales y extranjeros.

Por ahora hay tres en construcción: una en Choloma (norte), otra en la paradisíaca Roatán (Islas de la Bahía, Caribe) y la tercera en San Marcos de Colón (sur). Pero siete departamentos costeros están abiertos a inversionistas, informa el Gobierno.

«Ficción jurídica»

En Choloma, la «ciudad de las maquilas», se está edificando uno de esos grandes emporios industriales, contemplados para la exportación de bienes a EEUU.

«La ZEDE en Choloma, ante la ley y ante la autonomía municipal, no existe» porque sus dueños «no han hecho ningún trámite en la corporación munici- pal», señala su alcalde, Gustavo Mejía. Pese a ello, la obra avanza.

Hace cinco años se anunció «la construcción de una gran maquila (…) Yo me abstuve porque iban a botar más de 10.000 árboles», denuncia. Los proyectos también implican el desplazamiento de habitantes de las zonas destinadas a nuevas edificaciones.

El poderoso Consejo Hondureño de la Empresa Privada llamó a los inversionistas a abstenerse de participar en las ZEDE, porque la ley «tiene vicios de inconstitucionalidad». «Son zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del resto del territorio nacional» y eso es una «ficción jurídica», sentenció.

Gremios empresariales, profesionales y universidades han publicado manifiestos en contra y en diferentes zonas del país ha habido protestas.

Pero para el delegado presidencial para las ZEDE, Arnaldo Castillo, quien integra el estatal Comité para la Adopción de Mejores Prácticas de las ZEDE, que las fiscalizará, se trata solo de «una plataforma de inversión más». «Es una propiedad privada. (…) La nación no se va a fragmentar, un pedazo de tierra no se la puede llevar nadie», agrega.

Víctor Wilson, propietario de AgroAlpha, partícipe del proyecto San Marcos de Colón (sur), afirma que se regirá por las leyes hondureñas y tachó de «falacia» que vaya a tener sus propios tribunales. «¿El narco va a necesitar una ZEDE para poner narcolandia? Seamos serios», asegura. Y dice que la policía siempre podrá entrar, amparada por la ley.

Eludir extradiciones

Pero para el investigador de la CNA, Odir Fernández, las ZEDE «podrán crear normativas que finalmente prohíban o limiten los procesos de extradición que estamos viendo en el país».

Hernández, cuyo mandato culmina en 2022, ha sido acusado por un narcotraficante sentenciado en Nueva York de haber recibido su apoyo para exportar droga. Su hermano está condenado a cadena perpetua en EEUU por el mismo delito. El presidente asegura que las acusaciones son mentiras de capos que su Ejecutivo ayudó a extraditar.