Un tribunal militar israelí dio inicio ayer al juicio contra la cooperante española Juana Ruiz, acusada entre otros delitos de pertenecer a una organización ilegal por su trabajo para la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud (Health Work Committees, HWC), aunque la vista quedó aplazada hasta el 1 de setiembre.

Ruiz, que reside desde hace más de tres décadas en la Cisjordania ocupada, fue detenida el 13 de abril en su casa de Beit Sahur y se encuentra en la cárcel de Damon, en Haifa. Tras casi un mes sin acusaciones formales, la Fiscalía presentó en mayo cinco cargos, incluyendo los de «pertenencia a organización ilegal», «recibir e introducir dinero en los territorios palestinos» y «recibir dinero con falso propósito», todos vinculados con su trabajo en la recaudación de fondos para HWC.

Esta ONG fue acusada en mayo por Israel de formar parte de una red de organizaciones que desviaban dinero europeo a la actividad del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado «terrorista» por Israel, EEUU y la UE.

El abogado defensor Avigdor Feldman argumentó que la HWC fue declarada ilegal por Israel en 2021, por lo que durante las casi tres décadas en las que Ruiz trabajó allí, esta era legal. Y sostuvo que algunos de los hechos por los que está acusada tuvieron lugar en el Estado español, donde los tribunales israelíes no tienen jurisdicción. Feldman volvió a negar toda relación entre Ruiz y el FPLP y señaló que volverán a pedir su arresto domiciliario.

El letrado señaló a Efe que el caso es «infundado y es parte del esfuerzo de Israel para criminalizar toda actividad y organización humanitaria en los territorios ocupados».