En los primeros siete meses del año han muerto en las listas de espera de la dependencia un total de 1.424 personas de Hego Euskal Herria. De ellas, 1.214 tenían reconocido ya el derecho a la prestación pero aún no la recibían, mientras que otros 210 ciudadanos estaban esperando a que finalizaran los trámites para determinar su grado de dependencia. Son datos terribles que hablan del sufrimiento y del abandono que sufren las personas más vulnerables de nuestro país, perdidas en los vericuetos de largos trámites administrativos. Agilizar esos trámites, simplificar los procedimientos y flexibilizar la aplicación de medidas para evitar esas esperas tan largas es algo elemental, a medida de cualquier administración pública medianamente eficiente, siempre que haya, eso sí, voluntad política de atender con diligencia a todo el que lo necesite.

Otro dato reseñable de los ofrecidos por el Ministerio español de Servicios Sociales es que Nafarroa y CAV son las únicas comunidades del Estado en las que las personas atendidas por el sistema son menos este año que el anterior, algo que, por cierto, también ocurrió en 2020. Cuando en todo el Estado aumenta –poco, pero crece– el número de personas atendidas, en Hego Euskal Herria, sorprendentemente, la tendencia es la inversa. A juzgar por el número de dependientes que mueren en lista de espera, la razón no es que en este país haya menos personas que necesiten ayuda. La causa estará posiblemente en el recorte de las prestaciones, que sin ser explícito se produce de facto, al tener que atravesar primero un tortuoso proceso administrativo para que, una vez reconocido el derecho, todavía haya que esperar para recibir la ayuda.

Hay que terminar con la crueldad de un sistema que alarga arbitrariamente la concesión de ayudas a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. No hay excusa que valga cuando la ley las contempla. Las instituciones vascas se tienen que poner, sin demora, manos a la obra.