Alumnas y alumnos de Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa volvían ayer a las aulas en una «rentrée» que poco tiene de común. Como ocurriera el pasado año tras el confinamiento más estricto, el curso comienza con incertidumbres ligadas a la pandemia y los protocolos a aplicar. Con todo, la necesidad de la educación presencial ha quedado más que demostrada, con lo que el primer reto será garantizar que así siga siendo. Esa es una de las vertientes que ha marcado el reinicio escolar, pero no la única. Los centros del norte del país se mantienen en lucha por los derechos lingüísticos tras la decisión adoptada el pasado mes de mayo por el Consejo Constitucional sobre el modelo de inmersión, tachándolo de inconstitucional.

La respuesta a la deliberación del Constitucional francés fue inmediata y desde entonces representantes políticos y sociedad civil no han cesado en sus esfuerzos para frenar este ataque a las lenguas minorizadas. Las declaraciones de representantes institucionales de toda Ipar Euskal Herria y la masiva movilización desarrollada en Baiona a favor del euskara y del modelo de inmersión fueron la primera muestra del consenso existente. Ayer, primer día lectivo, esta reivindicación también estuvo presente. A comienzos de semana el rectorado notificaba que tres de los cuatro centros que habían solicitado implantar el modelo de inmersión podrían hacerlo. Un logro que cargos electos y agentes sociales calificaron como fruto del trabajo en común. La única escuela que no recibió el consentimiento del rectorado no desiste en su objetivo y será un profesor jubilado quien garantice las clases en euskara.

Ante el centralismo, la cerrazón y el negacionismo del Estado francés, Ipar Euskal Herria vuelve a hacer una demostración de tesón en la defensa de sus derechos. Y lo hace de nuevo a través de la unión entre sociedad civil y entidades políticas y sociales. Una transversalidad que refuerza la vía marcada en los últimos años en el norte del país y que, paso a paso, sigue dando frutos.