El Tribunal General de la UE, con sede en Luxemburgo, anuló ayer las decisiones del Consejo Europeo relativas, por un lado, al acuerdo entre la UE y Marruecos por el que se modifican las preferencias arancelarias otorgadas por la UE a los productos de origen marroquí y, por otro, a su acuerdo de asociación en el ámbito de la «pesca sostenible».

Sin embargo, estos acuerdos permanecerán en vigor durante un período máximo de dos meses «para preservar la acción exterior de la Unión y la seguridad jurídica de sus compromisos internacionales».

Este tiempo puede ser aprovechado para presentar un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la UE, instancia superior al TGUE, y conseguir así suspender la anulación hasta contar con un fallo definitivo.

Y esta parece ser la estrategia del Gobierno español, que pedirá al Consejo de la UE que interponga dicho recurso.

De hecho, en una declaración conjunta tras la sentencia, la UE y Marruecos dejaron claro su compromiso para continuar su «asociación estratégica». A pesar del revés judicial, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y el ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Burita, se comprometieron a «tomar las medidas necesarias para asegurar el marco legal que garantice la continuidad y estabilidad de las relaciones comerciales entre la UE y el Reino de Marruecos».

Madrid trata de recomponer su relación con Marruecos en un momento en el que aún colean las crisis diplomáticas por la entrada del líder saharaui Brahim Ghali en el Estado español y por la llegada masiva de migrantes a Ceuta. También a Rabat le interesa cuidar la relación ante la decisión de Argelia de excluirlo del paso del gas hacia Europa y de cerrarle su espacio aéreo.

El acuerdo de asociación entre la UE y Marruecos, que entró en vigor en 2000, prevé la aplicación de aranceles preferenciales a los productos marroquíes. Pero en el mismo se incluye el ocupado Sahara Occidental.

A Rabat le interesa sobre todo la exportación de sus productos agrícolas a Europa. Para los Veintisiete, uno de los principales intereses es la actividad de la flota pesquera en las aguas adyacentes del Sáhara Occidental. El protocolo de pesca cancelado ayer permite que 128 buques europeos accedan a estas zonas de pesca durante cuatro años.

Gran victoria para el Polisario

Por su parte, el Frente Polisario proclamó «una gran victoria del pueblo saharaui ante la justicia europea», al recordar que el tribunal lo reconoce como el representante del pueblo del Sahara Occidental «facultado para emprender acciones legales ante los tribunales europeos para defender los derechos soberanos de su pueblo con respecto a su territorio nacional y a sus recursos naturales». «El Tribunal anula los nuevos acuerdos UE-Marruecos porque fueron impuestos ilegalmente al pueblo saharaui, en contra de su consentimiento», añadió.

La sentencia considera que no se respetó la obligación de obtener el consentimiento de los saharauis para firmarlos.

«Hacemos un llamamiento a los líderes europeos para que cumplan con las sentencias del Tribunal porque su desconfianza en la justicia europea sigue obstaculizando el proceso de descolonización del Sahara», declaró Oubi Bouchraya, responsable del Polisario para Europa.

Por su parte, Marruecos vio «mucha política y pocos argumentos» en el fallo, confiando en que será rectificado con la ayuda de las instituciones europeas, a las que pidió que lo recurran, como han hecho con anterioridad.

El TGUE ya anuló los acuerdos de asociación alegando que Marruecos no puede firmarlos englobando el territorio del Sahara Occidental, pero el Consejo Europeo consiguió luego salvar esa anulación gracias a una treta legal, pidiendo el consentimiento de asociaciones saharauis presentes en el territorio ocupado.

Ahora, el Tribunal advierte de que el proceso de consultas no se hizo correctamente. Aunque no explica cómo debían haberse realizado esas consultas, el reconocimiento del Polisario debería dar una pista.