El diario “ABC” publicó ayer una información sobre las revelaciones que el exministro del Interior, Antoni Asunción, hizo al entonces jefe del Cesid, Emilio Alonso Manglano, en las que señaló que su predecesor en el cargo, José Luis Corcuera, estuvo detrás del envío de varias cartas bomba a destacados militantes de Herri Batasuna. Una de aquellas misivas explotó matando a un cartero en Errenteria en 1989. A pesar de los bulos que se difundieron entonces, la noticia vuelve a confirmar que aquella campaña fue diseñada, y después ocultada, por los aparatos del Estado con el fin de aterrorizar a la militancia independentista.

La información aporta nuevos detalles a algo que ya se sabía. Sin embargo, las reacciones, o su ausencia, revelan muchas cosas. Porque lo más llamativo es que esos nuevos datos sobre aquella campaña apenas han provocado reacciones fuera del independentismo: ni escándalo político, ni peticiones de investigaciones, ni exigencia de responsabilidades, ni solicitudes de comparecencias. Algo que contrasta ostensiblemente con las estridentes campañas que se organizan por cualquier otra minucia. Una democracia que se apellida a sí misma consolidada, pero que se muestra incapaz de investigar a funcionarios y altos cargos que durante el ejercicio de sus responsabilidades no han respetado las normas del Estado de derecho y han violado derechos humanos fundamentales, poco tiene, no ya de democracia, sino de Estado de derecho. No hay norma que no se pueda transgredir cuando se trata de la supervivencia del reino de España.

Las revelaciones apuntan directamente al PSOE, que ni asume responsabilidades ni se compromete con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Pobre bagaje para quien ha hecho del suelo ético –pero para los demás– su bandera. Aceptar la propia responsabilidad supondría descuartizar ese relato único que no se sostiene pero que se quiere imponer a toda costa.