Sidenor anunció ayer que de aquí a fin de año parará su producción veinte días. Justifica la decisión en el alto precio de la electricidad que ha hecho que sus costes suban un 25%. Los sindicatos recibieron la noticia con escepticismo, ya que la empresa no dio mayor información ni sobre la cartera de pedidos ni sobre los contratos que tiene con las eléctricas, y además, la renovación del convenio laboral se acerca. Al hilo del anuncio sorprendió la celeridad con la que el Gobierno Vasco mostró su preocupación por la influencia que tendrá el precio de la luz en la recuperación económica y anunció, además, una propuesta con medidas que trasladará al Ejecutivo de Sánchez y a la Comisión Europea.

Es evidente que el alto precio de la electricidad afecta a las familias, pero también a los negocios en general. Mientras los consumidores la padecen, las empresas pueden, en parte, trasladar la subida del precio a sus productos. Sin embargo, esa capacidad es muy diferente en función del tamaño del negocio y del sector en el que operan. Capítulo aparte merecen las empresas industriales con un elevado consumo, como es el caso de Sidenor. Estas son clientes muy interesantes para las eléctricas y generalmente suelen firmar contratos a medio y largo plazo con los que ambas partes buscan reducir la incertidumbre tanto en el precio como en el consumo de energía. Es por ello que la repercusión de la escalda de precios posiblemente no sea tan acusada como pretenden y desde luego mucho menor que en el caso de las familias o de la panadería del barrio.

En la sociedad actual la electricidad es un suministro básico para su funcionamiento. Por ello carece de lógica que la Unión Europea haya obligado a organizar su abastecimiento como si fuera un mercado, cuando no lo es, entre otras cuestiones, porque está dominado por oligopolios. Nada se solucionará hasta que la electricidad no sea considerada suministro esencial y como tal regulado íntegramente por el Estado. Todo lo demás son fuegos de artificio.