En el otoño de 1969, dos hijos de Erandio, entonces barrio de Bilbo, murieron por disparos de la Policía española. Desde 1968 sus habitantes habían efectuado muchas y variadas protestas por el ambiente irrespirable que les envolvía. En los últimos meses, el Ayuntamiento de Bilbo, que acababa de estrenar alcaldesa en la persona de Pilar Careaga, les hizo varias promesas para arreglar la polución. Pero sus palabras eran de pega. Postureo. La nube tóxica del día 28 de octubre fue la gota que colmó el vaso. Como en otras ocasiones, los vecinos salieron a la calle.

Esta vez la Policía los recibió con balas de plomo. Anton Fernández Elorriaga, Delfino Valverde, de dieciocho años, Manuel Castrillo y Ricardo Bengoa fueron heridos de gravedad por fuego real. Anton Fernández falleció a los quince días. La versión oficial acudió a la mala fortuna en el caso de Anton «herido al disparar la Policía al aire para disipar la manifestación». No citó, en cambio, a los otros heridos que recibieron los tiros cuando corrían, por la espalda.

Al día siguiente Erandio volvía a la calle para protestar por la polución atmosférica que enredaba su población. De nuevo la Policía disparó contra los congregados. De madrugada, Jesús Murueta volvía a su casa. En el frente, un piquete de la Policía Armada apostado junto al paso a nivel ferroviario. Cuando llegó a la altura del grupo policial, dos balas le atravesaron el cuerpo. Los dos disparos habían sido realizados a menos de dos metros de distancia, según la autopsia. Eran las cinco de la mañana cuando Murueta fue trasladado agonizante a un hospital de Bilbo, donde poco después falleció.

Las muertes y la actuación policial, utilizando una estrategia de guerra para frenar la protesta vecinal, encendieron los semáforos de la marmota franquista. La alcaldía de Bilbao, reunida en urgencia, evitó citar el exceso policial, y para ello realizó una inspección que identificó a las causantes de aquellos gases tóxicos, elevando su propuesta de cierre para dos de ellas. Se trataba de las empresas Indumetal y Remetal. Como «sospechosas» quedaban DowUniquinesa, Olarra SA y Metalquímica.

Indumetal se negó al cierre, alegando dos cuestiones que parecen haber traspasado al tiempo, hasta 2021: que «no vertía gases nocivos, sino sólo humo» y que «en España no existen normas legales sobre la polución atmosférica». La dirección de Indumetal tomó por estúpida a la población de Erandio al señalar que el humo no contiene elementos químicos.

Surgida en la década de 1950 por familias de Neguri como los Churruca, Guzmán y Lipperheide, patas negras del franquismo, Indumetal se rehizo en el suculento negocio del reciclaje. En 2018, diez de sus empleados fueron detenidos (según la prensa) o citados (según la empresa) por actividades irregulares, acusados de que su planta de Erandio esparcía, como en 1969, sustancias nocivas: plomo, cadmio, cobre y zinc. Europol habría seguido sus importaciones no declaradas desde Alemania, Francia, Portugal e Italia. Hoy, dirigida la empresa por Ignacio Echeberria Monteberria, también enlazado en la gestión de BBK y CajaSur y antiguo diputado del PNV en las Cortes españolas, Indumetal sigue en el ojo del huracán, denunciada por las asociaciones vecinales Erandioko Auzokoa Herrikoi Elkartea, Herri Bideak Kate Barik y la Asociación de Madres y Padres del Colegio Goikolanda, como una de las empresas que contaminan Erandio.

Remetal también fue reconvertida en la gestión de chatarras y el reciclaje, siendo adquirida por una empresa alemana, Befesa que puso a Asier Zarrionandia de consejero y presidente de sus distintas marcas. Gestionan anualmente, según su información, más de 1.300 miles de toneladas (¿un millón?) de residuos, acero y aluminio en mayoría. Su sede sigue en Erandio. Y sus emisiones han sido denunciadas reiteradamente por las asociaciones vecinales. En 2015 cinco trabajadores de Remetal fueron ingresados en el Hospital de Cruces tras sufrir diversas quemaduras en un aparatoso accidente laboral.

La cuestión actual no trata únicamente la memoria de 1969 y el recuerdo de Anton Fernández y Josu Murueta, sino también sobre las denuncias de aquellos años y su continuidad en este fin del primer cuarto del siglo XXI. Y es que, en este escenario, se ha producido una evitable conjunción: los mismos actores contaminantes, junto a los nietos de aquellos apaleados en época franquista.

Porque hace un par de años supimos que Erandio es la ciudad más contaminada entre las elegidas para un estudio europeo que se centraba en el Estado español. Fueron veinticuatro poblaciones las seleccionadas para la experiencia. Cuando llegan a Madrid, ¿sienten la asfixia por una contaminación? Es cuatro veces menor que la de Erandio. Según el citado trabajo, fomentado por la Fundación Ivercivis, Erandio duplicaba la polución detectada a la segunda ciudad más contaminada, Barcelona. Las partículas contaminantes más numerosas en el aire de Erandio eran el cadmio, el níquel y el plomo.

Es conocido que el tabaco, la obesidad y la diabetes son factores de riesgo. Y para ello, las autoridades sanitarias hacen campañas destinadas a combatir esos riesgos. También sabemos que el cadmio y el plomo son contaminantes que provocan enfermedades respiratorias y cánceres, en especial el de páncreas. Centenares de estudios lo certifican. Pero en este caso las campañas brillan por su ausencia. Sabemos, con la pandemia de la covid-19 que nuestros dirigentes priman los beneficios económicos de las grandes compañías sobre la salud.

El fin de octubre es un día especial en Erandio. De recuerdo por los crímenes de Anton y Josu. Aunque no como escusa sino como evocación, apuntar que esas dos muertes salvaron otra, la de un joven de la cercana Ondarroa. Andoni Arrizabalaga se encontraba en el corredor de la muerte, condenado por un tribunal fascista. El régimen no se atrevió a calentar más el ambiente y un día después de los sucesos de Erandio conmutó a Andoni, Itziarren semea, la pena capital.