La muerte el miércoles de un joven mapuche durante un confuso incidente con las fuerzas de seguridad en Arauco, que se saldó con varios heridos, uno de ellos de gravedad, y la petición realizada por el presidente de Chile, Sebastián Piñera, de prorrogar el estado de excepción en cuatro provincias del centro-sur del país han supuesto una escalada en la tensión que desde hace ya meses se vive en Ngulumapu.

En un inicio se informó de la muerte de dos personas, pero las autoridades aseguraron que se había registrado un único fallecido y que la otra persona dada por muerta está muy grave.

El miércoles, el ministro de Interior, Rodrigo Delgado, calificó de «confusos» los hechos. Según la versión oficial, dos patrullas fueron atacadas por encapuchados armados en una carretera en la comuna de Cañete y durante el intercambio de disparos un mapuche resultó muerto y hubo tres heridos y dos arrestados.

La ONU lamentó la muerte del comunero mapuche en un operativo se seguridad y expresó su preocupación por la militarización decretada por el Gobierno y la escalada de violencia, al tiempo que reclamó una investigación. Según los datos recabados por la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), los hechos se dieron en el marco de controles realizados por fuerzas policiales y militares, en los que Jordan Llempi Machacan (23 años) resultó muerto y al menos tres personas heridas, incluido un menor de edad, por disparos.

Arauco y otras tres provincias (Biobío y Malleco y Cautín, en La Araucanía) se encuentran bajo estado de excepción desde el 12 de octubre y hasta el 11 de noviembre, lo que implica su militarización. Este jueves, Piñera solicitó formalmente al Parlamento una prórroga para que se mantenga dos semanas más a partir del 11 de noviembre.

La medida ha sido criticada por organizaciones indígenas y por la oposición, que sostienen que es una forma de tensionar todavía más el enconado conflicto. Diversos diputados opositores ya anunciaron el miércoles que votarán en contra de la prórroga, por lo que su recorrido parlamentario es incierto.

«No es el camino»

«La violencia trae más violencia y solo el diálogo nos puede llevar a una solución. No a la militarización», dijo el diputado y candidato presidencial Gabriel Boric, del bloque izquierdista Apruebo Dignidad (Frente Amplio y Partido Comunista).

Un grupo de integrantes de la Convención Constitucional, entre los que estaban los 17 representantes de los pueblos indígenas que integran el órgano que redacta la nueva Constitución, marcharon este miércoles hasta La Moneda para pedirle a Piñera el fin del estado de excepción.

«La militarización no es el camino. Es tiempo de construir política con altura histórica. En la convención trabajamos para ello, es urgente que esto irradie y gestemos amplios diálogos plurinacionales con respeto a los derechos humanos», pidió la víspera Elisa Loncón, la académica mapuche que preside el órgano.

En los últimos meses se ha recrudecido el llamado conflicto mapuche, que enfrenta al Estado y al principal grupo indígena del país que reclama la restitución de sus tierras ancestrales, de las que fueron despojados por el Estado y ahora pertenecen en su mayoría a grandes empresas, y se opone a la creciente explotación de los recursos naturales en su territorio.

El juicio político a Piñera avanza tras un revés

El juicio político contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que surgió tras la publicación de los papeles de Pandora, continuará su tramitación en el Congreso la semana que viene con la recomendación de que no prospere, tras la decisión tomada ayer por una comisión de diputados. En una votación no vinculante, se rechazó por 2 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, la admisibilidad del juicio que busca su destitución o inhabilitación. A pesar de ello, la acusación constitucional continuará y el lunes se votará en la Cámara de Diputados, donde se requerirá del apoyo de 78 de los 155 parlamentarios. Si prospera, al Senado, donde necesita el apoyo de dos tercios.

La acusación, impulsada por la oposición, se sitúa en las presuntas irregularidades en la venta de la Minera Dominga por una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas, nueve meses después de que asumiera el cargo para su primer mandato (2010-2014). Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, se vendió al empresario y amigo de la familia Carlos Alberto Délano por 152 millones de dólares, 138 de los cuales se concentraron en el paraíso fiscal.GARA