Contra pronóstico y frente al criterio de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado la pretensión de Lakua de hacer obligatorio el pasaporte covid para acceder a locales de ocio nocturno y restaurantes con comedores para más de 50 personas.

En un auto conocido ayer, el tribunal expone como principal argumento la restricción de derechos que supondría esa medida, aunque también hace hincapié en puntos que han generado debate más allá del ámbito legal, destacando por ejemplo la amplia tasa de vacunación existente en la CAV, de más del 90% entre la población diana.

«Este elevadísimo porcentaje de vacunados es un factor que opera en contra de la medida cuya autorización se pretende, y es que lo que habrá que presumir es que la inmensa mayoría de la población está vacunada. Desde esa presunción, el imponer la exigencia del Pasaporte de modo indiscriminado carece de justificación, y menos aún cuando simultáneamente se reconoce que los efectos del contagio en los vacunados no son relevantes», señalan los jueces.

«El fin no justifica los medios»

En cualquier caso, con argumentos jurídicos o técnicos, el TSJPV propina un nuevo varapalo a Lakua, el séptimo en esta pandemia en la que la fractura entre ambas instituciones se ha ido anchando con cada fallo.

El Ejecutivo respondió horas después con una nota crítica con la decisión, pero en la que anuncia que no presentará recurso, y añade que «lo que verdaderamente es urgente sigue siendo establecer medidas que sirvan para controlar la extensión de la pandemia». Está por ver cuáles van a ser esas medidas, en un contexto de aumento sostenido de los contagios y las hospitalizaciones, aunque no de los pacientes graves y las defunciones; cinco en la última semana, una menos que la anterior.

A diferencia de ocasiones anteriores, el magistrado Luis Ángel Garrido ha votado a favor de la petición y ha emitido un voto particular, donde recuerda el reciente fallo del Supremo favorable al pasaporte covid, mientras que sus dos compañeros de Sala han votado en contra. Lo han hecho en un auto donde advierten de las «medidas limitativas de derechos fundamentales» que se han presentado al Tribunal, y apostillan que «por muy loable que este sea, el fin no justifica los medios cuando se vive en un Estado de Derecho».

En concreto, el auto considera que los derechos fundamentales afectados por las medidas propuestas por Lakua no se reducen a los mencionados en la demanda, los de igualdad e intimidad, sino que también «es razonable considerar», a su juicio, que se verían afectados el derecho de reunión y a la libertad ambulatoria, ya que se trata de establecimientos públicos a los que en principio debe poder acceder cualquier persona. Además, el TSJPV cita como afectadas las libertades de expresión y creación artística, por ejemplo cuando se trata de karaokes, y apostilla que «incluso, en la medida en que en dichos establecimiento se desarrolla la vida social del individuo, personal y colectivamente según los casos, se puede afectar al libre desarrollo de la personalidad». Por tanto, cree que son varios e importantes los derechos afectados y esto exige que la restricción de los mismos observe el principio de proporcionalidad, lo que a su parecer no se cumple.

El auto señala también que Lakua da unas cifras de contagios –184 en el momento de la petición– sin especificar por municipios, y valora que al no justificar que las cifras sean las mismas en toda la CAV, «no se justifica tampoco que deba aplicarse una misma medida de modo uniforme en todo el País Vasco». Otro argumento es la «incongruencia» de que no se les iba a exigir el pasaporte a los titulares y empleados de los locales, pero sí a sus clientes.

A ello, el auto añade la situación de los menores de 12 años, que, destaca, Lakua ha reconocido centran buena parte de los contagios –con una incidencia acumulada de 759 casos entre los 6 y 12 años, los datos son elocuentes– y no están vacunados, pero que «aun así, se permite su acceso a los locales en los que se focaliza el riesgo de contagio».