En el Estado francés, una Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia (Ciase) entregó hace un par de meses un informe entre cuyas conclusiones señalaba que más 330.000 menores sufrieron abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica entre 1950 y 2020. El informe calculaba asimismo que habrían sido al menos 2.900 los abusadores, entre curas y laicos. En lo que respecta a Euskal Herria, el obispo de Baiona, Marc Aillet, cifró en 25 las víctimas y 13 los sacerdotes que cometieron agresiones sexuales. Unos datos que dan cuenta de la dimensión sistémica de las agresiones sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica y que fue calificada por la Conferencia Episcopal Francesa reunida en Lourdes como «gran vergüenza».

Además de investigar y reconocer el daño causado, la jerarquía eclesiástica ha empezado a tomar medidas para evitar que los abusos se repitan, para que se haga justicia y para indemnizar a las víctimas, para lo que incluso ha planteado la venta de parte de su patrimonio. En este proceso, ayer mismo, Marc Aillet y el procurador, Jérôme Bourrier, firmaron un protocolo sobre el modo en el que la Iglesia informará a la Fiscalía de las denuncias por abusos sexuales que reciba. Un paso importante, pues como certeramente recordó el fiscal, corresponde al Ministerio Público determinar la veracidad de las denuncias, si han prescrito o no y el tipo de delito perpetrado.

La Iglesia católica del Estado francés ha dado pasos ante un problema estructural, si bien hay quien considera insuficiente lo realizado al tiempo que otros reprueban gestiones del pasado. En cualquier caso, conviene poner en perspectiva el camino recorrido. A día de hoy resulta poco menos que impensable que la Conferencia Episcopal Española permita una investigación independiente de los abusos sexuales a menores cometidos en su seno, firme protocolos de colaboración con la Fiscalía y se plantee pagar indemnizaciones a las víctimas con sus propiedades.