La muerte de Antton Troitiño es el reflejo de «un sistema penitenciario inhumano que solo le ha permitido salir cuando le quedaba muy poco para vivir», según destacaron ayer en Donostia sus familiares, Etxerat y Sare, que reclamaron la excarcelación de los presos que padecen enfermedades graves e incurables para que estos casos no vuelvan a repetirse.

En nombre de la familia de Troitiño, Irati Aranzabal recordó que ni siquiera le permitieron despedirse de su sobrino Jon, preso en Logroño.

Aranzabal explicó que Troitiño ha pasado 28 años en la cárcel. Tras estar preso 24 años y cumplir su condena íntegra «fue objeto de una tremenda campaña político-mediática muy agresiva que también nos afectó a sus familiares», añadió. Fue detenido en Londres y extraditado al Estado español en 2017. Se le impuso una nueva condena de seis años. Ya entonces, su salud estaba perjudicada.

Aranzabal agradeció las muestras de apoyo y cariño recibidas tras la muerte de Troitiño y puso en valor la labor de los profesionales de Onkologikoa que le atendieron desde que iniciara los tratamientos.

Diez meses después

En nombre de Sare y Etxerat, Xochtil Karasatorre y Patricia Vélez de Mendizabal subrayaron que solo han pasado diez meses desde que Troitiño salió de la cárcel de Estremera. Diez días antes había decidido abandonar el tratamiento paliativo de quimioterapia porque era inviable seguirlo en la cárcel.

«Pese a su deterioro físico, como en otros casos de presos vascos con enfermedades agravadas por la desasistencia y las condiciones adversas en prisión, la decisión de dejar a Troitiño en libertad condicional se demoró hasta que su situación fue ya irreversible, con el plus de sufrimiento y desesperación que le acompañó todo aquel tiempo. Víctima del laberinto de la Audiencia Nacional española, la administración agotó los plazos hasta que se declarase la firmeza de los autos dictados, antes de permitirle abandonar la prisión», añadieron Karasatorre y Vélez de Mendizabal.

Recordaron que en octubre de 2020 falleció el preso de Durango Asier Aginako, cuya suspensión de condena con motivo de su enfermedad se dictó en enero de 2019. Ese mismo año, en enero y octubre, respectivamente, murieron los presos alaveses Oier Gómez y José Ángel Ochoa de Eribe como consecuencia de prolongadas y graves enfermedades contraídas en la cárcel. En el caso de Ocho de Eribe fue excarcelado apenas cuatro meses antes de su muerte.

Desasistencia y condenas

«No nos cansamos de repetir que la cárcel es el último lugar en el que alguien puede recuperarse, ser tratado adecuadamente y sanar su enfermedad, y en el caso de los presos y presas vascas, con el añadido de las largas condenas y duras condiciones añadidas que han sufrido», sostuvieron.

«Resulta ya inasumible, por inhumano, que no se anteponga el estado de salud crítico del preso al laberinto jurídico que demora su estancia en prisión. Reivindicamos un sistema penitenciario que respete los derechos humanos. Quienes sufren graves enfermedades deben ser excarcelados sin mayor dilación para ser atendidos cuanto antes, con dignidad y con el arrope de los suyos», demandaron.

«La crueldad de la política penitenciaria de excepción que se ha venido aplicando a presas y presos vascos se pone de relieve en el caso de Antton Troitiño, así como la gravísima situación de quienes sufren enfermedades graves e incurables», expusieron, antes de reclamar que «son en la actualidad veinte los presos y presas con diferentes tipos de enfermedades graves que deben salir de prisión inmediatamente».

«Queremos mirar adelante. Como familiares de los presos y presas vascas no podemos sino pedir que acabe una situación en las cárceles ligada a criterios de venganza que mantiene nuestro sufrimiento. Buena parte de los presos vascos cumplen las condiciones para salir en libertad. Respeten sus derechos y no obstaculicen más ese camino», subrayaron.