Las autoridades japonesas ejecutaron ayer en la horca a tres condenados a muerte, las primeras penas capitales en materializarse tras dos años en un país donde más de cien presos esperan en el corredor de la muerte.

El primero de los presos fue ejecutado en Osaka, al oeste del país, y los otros dos en Tokio, según informó el titular de Justicia, aunque las autoridades no revelan la hora exacta ni si los familiares de los condenados fueron avisados previamente. Hasta octubre de 2020, Japón podía llevar a cabo las ejecuciones sin informar previamente a los allegados, pero desde a partir de esa fecha entró en vigor la notificación de la ejecución, siempre y cuando se hubiese solicitado expresamente. El pasado 17 de diciembre, el titular de Justicia, responsable de firmar las condenas a muerte en Japón, dio la orden para llevar a cabo estas ejecuciones.

«No hay más opción que la pena capital para los crímenes graves», argumentó en otra rueda de prensa horas más tarde del anuncio el vicesecretario del Gabinete, Seiji Keihara. «La mayoría de la ciudadanía considera que para los delitos extremadamente graves no hay más remedio que aplicar la pena capital», añadió. La última vez que se hizo fue en diciembre de 2019, con Shinzo Abe en el Gobierno.

Amnistía Internacional (AI) denunció que «estas ejecuciones ignoran las normas internacionales sobre los derechos humanos» y contradice la política anunciada de Fumio Kishida de «proteger el valor universal de los derechos humanos». Resaltó que Japón «se aísla» del panorama internacional, puesto que mantiene un castigo que más del 70% de los países del mundo han abolido.