Guatemala conmemoró ayer el 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz que en 1996 pusieron fin al conflicto armado interno, aunque sin mucho que celebrar ante la grave regresión democrática que experimenta el país.

El Gobierno del presidente Alejandro Giammattei recordó el aniversario mediante un pequeño acto en el Palacio Nacional de la Cultura, pero la ausencia del propio mandatario reflejó su escaso entusiasmo por el evento.

Sin embargo, los motivos para celebrar son pocos en opinión del Procurador de los Derechos Humanos guatemalteco, Jordán Rodas, y también de la Plataforma Nacional de Organizaciones Víctimas del Conflicto Armado, entre otros organismos.

«Con el actual Gobierno de Guatemala se está consumando una grave regresión de 25 años», aseguró Rodas, que señaló al Gobierno de Giammattei. Con él «quedó desmantelada la institucionalidad de la paz», en referencia al cierre durante su mandato de la Secretaría de la Paz, la Secretaría de Asuntos Agrarios y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, compromisos adquiridos en 1996.

Violaciones sin precedentes

«Las violaciones de los derechos humanos en los últimos dos años no tienen precedentes desde la firma de los Acuerdos de Paz», enfatizó Rodas.

Dichos acuerdos pusieron fin a 36 años de guerra interna entre el Estado y las fuerzas rebeldes guerrilleras organizadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), en uno de los conflictos más sangrientos de Latinoamérica, con más de 250.000 muertos y desaparecidos, la mayoría a manos del Ejército de Guatemala, según informes de organismos internacionales. Añadió que el Gobierno ha vulnerado reiteradamente la Constitución «sin consecuencias para los responsables, se han anulado los contrapesos de la República, y la corrupción y la impunidad han vuelto por sus fueros».

«La enorme incidencia de las redes de corrupción y de las estructuras del crimen organizado en las decisiones del Estado amenazan seriamente la democracia y la paz social», advirtió.

Rodas consideró que los discursos de odio incitados o tolerados desde el poder, así como los ataques a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, pueden ser el preludio de un régimen abiertamente autoritario.

Frente al autoritarismo

Por ello, consideró urgente «que los diversos sectores democráticos abran espacios de diálogo y concertación, y generen capacidades de defensa de la Constitución y de los Acuerdos de Paz, impidiendo que las fuerzas autoritarias se impongan».

Advirtió, además, de que a nivel internacional el Estado de Guatemala «ha dado la espalda a sus compromisos multilaterales y está quedando excluido del concierto de las naciones democráticas».

El Acuerdo de Paz Firme y Duradera, como se le conoce, se firmó el 29 de diciembre de 1996 entre representantes del Gobierno y de la URNG en el Palacio Nacional de la Cultura, en la capital del país.

Además de acuerdos sobre derechos humanos, el documento firmado contenía proyecciones para solucionar problemas estructurales que dieron origen al conflicto armado, pero que han quedado en papel mojado a la vez que esos problemas, como la pobreza extrema, persisten e incluso se van agravando.

De la esperanza a la decepción de las víctimas

Las víctimas del conflicto armado creen que la situación en Guatemala se mantiene sin cambios después de 25 años de la firma de la paz. «La firma de la paz en 1996 abrió la posibilidad de realizar cambios estructurales en el país. Sin embargo, después de 25 años esas esperanzas de cambio se han convertido en decepción», criticaron las víctimas del conflicto. «Queremos denunciar la forma descarada en la que el presidente, Alejandro Giammattei, sepultó la agenda de la paz para imponer una agenda de explotación, corrupción e impunidad en el país», denunció la Plataforma Nacional de Organizaciones Víctimas del Conflicto Armado Interno, que llevó su denuncia ante el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno guatemalteco. El presidente de la plataforma, Juan Pérez, subrayó que el plan del Gobierno de Giammattei va en sentido opuesto a la agenda para el desarrollo y el respeto a los derechos humanos que constituyen los acuerdos, y está «sepultando lo último que queda de la institucionalidad y la paz».GARA