La lengua catalana vuelve a estar en el punto de mira de los sectores más reaccionarios del Estado. Si desde la recuperación del autogobierno nunca habían faltado campañas que perseguían minorizar el principal elemento de la identidad catalana, ahora los intentos de la derecha se redoblan con sentencias que fulminan el sistema de inmersión que surgió en 1978 para asegurar la presencia y normalización del catalán en la enseñanza obligatoria. El último golpe llegó el 24 de noviembre pasado, cuando el Tribunal Supremo rechazó el recurso que la Generalitat había interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que imponía un 25% de castellano a las clases de P5 de una escuela de Canet de Mar, municipio del Maresme. Para los partidos, organizaciones sociales y sindicatos de corte soberanista, esta decisión supone un ataque frontal al instrumento de referencia para la cohesión social en Catalunya.

En rechazo a la última sentencia del Supremo, más de 40.000 personas salieron a calle el 18 de diciembre en Barcelona con el fin de denunciar la anomalía de que «un juez determine las horas que son necesarias para aprender una lengua». En opinión de Som Escola, la plataforma convocante, la sentencia «responde a la voluntad sistemática de acabar con la educación en catalán y perjudicar su uso social».

Inflamando la discordia

El auto por el cual se impone el 25% de castellano en la Escuela Turó del Drac, de Canet de Mar, no es un caso aislado. Obedece al mismo modus operandi que ha servido en otras ocasiones para arremeter contra el sistema de inmersión que se implementó con la ley 7/1983, de normalización lingüística: una familia de tinte conservador interpone una denuncia ante el TSJC y, a partir de ahí, entidades españolistas como la Asamblea por una Escuela Bilin- güe (AEB) atizan el debate público que lleva a la magistratura, en un acto reflejo, a ordenar que se habiliten los mecanismos para que el centro en cuestión aplique este porcentaje de castellano.

En el caso de Canet de Mar, el padre demandante había figurado en las listas de Ciudadanos en las pasadas elecciones municipales de 2019. Un caso parecido al de Ana Moreno, madre de dos niños que cursaban P5 y segundo de Primaria en el colegio Gaspar de Portolà, en Balaguer, que en 2015 también exigió que se impartiera el 25% de clases en castellano. Pese a que el TSJC le dio la razón, Moreno decidió trasladar sus hijos a un instituto de Lleida, no sin antes personarse en el Parlamento Europeo de la mano de la AEB y del eurodiputado Enrique Calvet, de UPyD. Allí, aupada por las distintas formaciones españolistas, presentó un manifiesto que habla de una presunta persecución del castellano en Catalunya.

La sustitución como objetivo

Aunque en total han sido 80 familias –del millón y medio de alumnos que cada año hay en Catalunya– las que han logrado que sus respectivas escuelas apliquen el 25% de las horas en castellano, la Asamblea por una Escuela Bilingüe y la derecha han atizado una polémica que cada vez salpica más la convivencia en Catalunya. Especialmente tras la irrupción de Vox, cuyas iniciativas en el Parlament han arrastrado al resto de partidos a posicionarse en torno a la lengua: el independentismo para aclarar el papel que reserva al castellano en una eventual República independiente; y al resto de formaciones para definir si el derecho de unos padres a elegir el idioma de aprendizaje de sus hijos está por encima del modelo de inmersión. La última ofensiva contra el catalán se inscribe en la iniciativa «La enseñanza, también en español», que ABE impulsó en diciembre de 2020 con el propósito de denunciar la Ley Celaá y exigir la restitución del idioma español como lengua vehicular. Una campaña que fue apoyada por PP, Ciudadanos y Vox que, parapetada en la supuesta libertad de elección de los padres, ha conseguido quebrantar el consenso que hace cuarenta años propició el actual sistema de enseñanza en Catalunya.

Tanto es así que el PSC, obsesionado con recabar todo el voto constitucionalista de cara al próximo ciclo electoral, ha aceptado replantear la inmersión para «reforzar el castellano en las zonas de Catalunya donde predomina la población catalanohablante» y, en un gesto inédito hasta ahora, ha empezado a utilizar el castellano en sus comparecencias en el Parlament y otras instituciones catalanas.

Así pues, una vez abierto el melón de la lengua en el sistema educativo, no es de extrañar que Vox, PP y Ciudadanos se hayan apresurado a proponer medidas similares para el resto de ámbitos en los que el catalán ha sido preeminente desde la perspectiva de asegurar su supervivencia: los organismos que dependen de la Generalitat, la toponimia y los medios de comunicación de titularidad pública.

Sin ir más lejos, el pasado miércoles la formación de Santiago Abascal interpuso una demanda para que los tribunales obliguen al Parlament a utilizar también el castellano en sus comunicaciones internas. Pretensiones similares persigue para TV3 y Catalunya Ràdio, las cuales quiere «refundar» para incorporar el castellano en el conjunto de su programación.

Visto el escenario, las entidades soberanistas han instado a las administraciones y a la comunidad educativa a «desobedecer» las sentencias. Un hecho que ya parece asomarse tras la decisión de una decena de escuelas de declararse «insumisas» a los tribunales y las recientes declaraciones del president de la Generalitat, Pere Aragonès, sabedor también de que será al partido que gobierne el Estado a quien corresponderá pedir o no la ejecución de las sentencias.

Sea como fuere, el catalán va diluyéndose como referente de la identidad y herramienta clave para la cohesión social en Catalunya. Un panorama que, si no lo enmienda la política o la misma sociedad civil, puede ser letal para su supervivencia a medio plazo.

Pere Mayans

«Sin lengua no hay país y sin escuela no hay lengua»

¿En qué medida la sentencia que obliga a los institutos de Catalunya a aplicar un 25% de castellano marca un antes y un después en la situación del catalán ?

Es una mala noticia, ya que mediante esta actuación, la justicia española busca que este porcentaje se aplique al conjunto del sistema educativo.

¿Los ataques anteriores ya prefiguraban la voluntad de laminar la presencia del catalán en la enseñanza?

Sin duda. Es escalofriante leer los mismos argumentos, llenos de rabia y odio, que utilizaban a principios del siglo XX políticos, medios e intelectuales españoles contra todo lo que desprendiera normalidad del catalán. Después vino el franquismo, que liquidó los avances logrados en Catalunya, el País Valencià y las Illes Balears, y las sentencias de los años 90. En particular la dictada por el Tribunal Constitucional contra la Ley 7/1983, de normalización lingüística, en cuyo redactado se establece que «el precepto autonómico de ningún modo entraña la exclusión de una de las dos lenguas cooficiales en los niveles posteriores a la primera enseñanza como lengua docente». Eran los años de «Pujol, enano, habla castellano!»… Parece como si el tiempo no hubiera pasado.

Si las denuncias se focalizan en la enseñanza, ¿es por algún motivo en especial?

Es porque la escuela se ha convertido en el único ámbito en el que el catalán es primera lengua. Y no quieren que sea primera en nada, pues saben que si lo logran, tendrá los días contados porque se percibirá como innecesaria. Podemos afirmar que sin lengua no hay país y sin escuela no hay lengua.

Las últimas encuestas evidencian que el catalán va perdiendo peso entre la población más joven. ¿A qué lo atribuye?

Pagamos haber creído que estaba normalizado y que los nuevos docentes que se incorporaban al sistema educativo tenían la formación suficiente en el tema. Y después, naturalmente, influye la escasa presencia del catalán en los espacios de ocio, en el mundo de la empresa o el audiovisual. Al menos, la Generalitat ha admitido que hay que salir del cofoísmo y que el futuro pasa necesariamente por continuar trabajando y ser consecuentes con el uso que se hace de nuestra lengua.