En principio, en 2022 y en la sociedad vasca, solo una minoría despiadada está a favor de que las y los presos políticos vascos sean discriminados legalmente y sufran un tratamiento diferenciado del de cualquier otro preso. Es probable que incluso la mayoría de quienes en su momento justificaron legislaciones especiales y el endurecimiento de las penas consideren que ya es hora de terminar con semejante excepcionalidad jurídica.

Es evidente que esta política de venganza afecta a los derechos humanos y hoy en día no es legítima desde ningún punto de vista. Unos estarán en contra por razones humanitarias o éticas; otros lo harán porque consideran que ahora tratar injustamente a este colectivo no favorece su causa o su imagen. Lo importante es que se sitúen en contra de la excepcionalidad, del lado de los derechos para todo el mundo y de la justicia.

Desde que ETA decidió hace diez años que abandonaba la lucha armada, cinco presos han fallecido en sus celdas. En todos los casos vivían bajo condiciones inaceptables: han muerto alejados, cuando debían estar en libertad, sin la atención médica necesaria… Debería ser una prioridad política compartida que no vuelva a suceder, que se evite toda muerte que se pueda evitar y no se le hurte a nadie ni una sola hora de libertad.

Una antología de desmanes a no olvidar

Una mayoría de la sociedad vasca no entenderá que personas con enfermedades graves permanezcan en prisión hasta que estén desahuciadas y que no sean liberadas a tiempo para ser tratadas de sus dolencias. No compartirá que a estos presos se les libere bajo la condición de que mueran pronto, como ocurría recientemente con Oier Gómez, José Ángel Ochoa de Eribe, Asier Aginako o Antton Troitiño.

Suele decirse que humanamente se puede entender que algunas víctimas deseen que las personas que atentaron contra sus familiares se pudran en la cárcel, sufran o, directamente, mueran. Pero esos impulsos de crueldad y venganza no pueden regir la política como lo han hecho durante muchos años.

A pocos conocimientos que tengan de principios de derecho, pocas personas considerarán aceptable que los años cumplidos en cárceles del Estado francés no computen en la condena de las personas que son extraditadas, algo que debería ser absolutamente rechazable en un Estado de derecho. El consenso político debe articular soluciones a estos problemas.

Si una persona cumple todos los requisitos legales para acceder a permisos, ¿cómo se puede justificar que no sea así, que se le resten días de libertad a ella y a sus allegados? Si alguien tiene derecho a pasar al tercer grado, a tener un trabajo fuera de la cárcel y a cambiar de régimen, ¿con qué base legal se le puede negar ese derecho, aduciendo prejuicios y sesgos que nada tienen que ver con la justicia?

Cualquier persona entenderá que a estas alturas existen alternativas mucho más razonables y humanas que separar a padres y madres de sus hijos cuando estos cumplen tres años y tienen que abandonar a la fuerza la cárcel en la que han convivido hasta ese momento. Los niños y niñas de la mochila son un símbolo de la crueldad de los Estados español y francés. Lo mismo que mantener encarceladas a personas muy mayores.

Varios carriles, en ambas direcciones

En resumen, el cambio en la política penitenciaria ha sido positivo porque ha mejorado la vida de los y las presas y, sobre todo, el de sus familiares al rebajar el alejamiento. Sin embargo, sigue siendo un cambio lento y timorato que sigue permitiendo que se violen derechos humanos porque responde a criterios de venganza y no de justicia. Sigue teniendo una lógica de guerra, no una de paz, es decir, no está a la altura del momento histórico. Como se puede ver, no atiende al mandato democrático de la mayoría sociopolítica vasca.

Sin excepcionalidad, más de 150 presos de los 200 que hay ahora tendrían derecho a permisos y 120 tendrían acceso al tercer grado. Ellos y ellas han cumplido coherentemente y disciplinadamente con todos los compromisos que han asumido en este tiempo. Los avances de estos diez años no habrían sido posibles sin su apoyo. La última decisión del EPPK sobre los ongi-etorris confirma esa voluntad constructiva y demuestra que toman sus decisiones atendiendo a lo que defiende la mayoría de la sociedad vasca. Es lógico que, como se vio ayer, esta defienda los derechos de presos y presas.