Martín Villa admite que pudo ser «responsable» de crímenes
El exministro Rodolfo Martín Villa reconoció que pudo ser «responsable político, en incluso penal», de crímenes cometidos durante la llamada Transición, pero defendió férreamente esa etapa frente al «terrorismo»: «Lo que no era posible es que yo formara parte de unos gobiernos que urdieron un plan sistemático, planificado, de aterrorizar a españoles partidarios de un Gobierno democrático, eliminando a aquellas personas más significativas en el orden político».
El exministro español Rodolfo Martín Villa reconoció que pudo «ser responsable político y penal» de los crímenes y torturas cometidas en los años 70 –lo que llevó a su procesamiento en Argentina por delitos de lesa humanidad–, pero descartó que existiera un «plan sistemático, deliberado y generalizado» que consistiera en la eliminación del contrincante político.
Así se expresó ayer el que fuera titular de Relaciones Sindicales y de Interior en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, su primera intervención después de que la Justicia argentina revocase su procesamiento por presuntos delitos de homicidio y torturas el pasado mes de diciembre al entender que no existían «pruebas directas o indirectas, indiciarias, variadas y/o unívocas compatibles» con los delitos de lesa humanidad que se le atribuían.
Al ser preguntado por qué decidió comparecer ante la Justicia argentina, Martín Villa contestó que «se me acusaba de crímenes de lesa humanidad por tiempos en los que yo no tenía competencias primero y luego sí la tenía, pero era en gobiernos que caminaban desde la democracia hacia la Constitución. Lo hice porque he creído que estaba en la obligación de defender una etapa de la vida española».
«Yo pude ser el responsable, político e incluso penal, de aquellas muertes –dijo en una especie de autoinculpación o apología indirecta–. Incluso hubiera sido posible que yo, en un rapto de locura, hubiera podido ser el autor material, pero lo que no era posible es que yo formara parte de unos gobiernos que urdieron un plan sistemático, planificado, de aterrorizar a españoles partidarios de un gobierno democrático, eliminando a aquellas personas más significativas en el orden político. Porque la Transición fue justo lo contrario».
A su juicio, «decir» que los dirigentes de los primeros gobiernos de la democracia se dedicaban a eliminar a «las personas más representativas de aquella etapa» es una «mentira que tiene las patas muy cortas. No tiene sentido que se use en la querella esa palabra cuando, si la Transición tuvo un enemigo, fue el terrorismo», añadió.
No pierde el sueño
En su defensa de la Transición, el exministro insistió en que «se prueba que esto de la memoria no tiene una sola versión, y que por tanto es prácticamente imposible tener leyes de memoria. Pero si además las leyes de memoria tratan de suprimir la Transición, diciendo que fue una pura continuidad de la dictadura o, peor aún, tratan de decir eso que se define en la querella argentina, los políticos tenemos algún deber adicional».
«Yo podía libre y legítimamente haberme amparado en la de Ley de Amnistía o en la prescripción de los delitos –manifestó en Nueva Economía Fórum–. Era una manera de defender mi honorabilidad atacada y la de los míos, también atacada. Pero si tocaba a la Transición, yo entendía que como miembro sobre todo de aquel primer Gobierno de Adolfo Suárez, en el que de 20 personas todas menos dos habíamos tenido responsabilidades en el franquismo, tenía la obligación moral y personal de hacerle frente».
Rodolfo Martín Villa fue procesado por la jueza argentina María Servini de Cubría por presuntos delitos de homicidio y torturas. El exministro presentó recurso contra esta decisión y acusó a la magistrada de falta de imparcialidad.
Martín Villa aseguró, además, que no ha perdido «un minuto de sueño con este tema».
Refiriéndose a ese procesamiento, el exministro español dijo que su imputación por un delito de lesa humanidad, en el que se incluye la muerte de Germán Rodríguez por disparos de la Policía en los Sanfermines de 1978, fue un «espectáculo kafkiano, montado desde aquí», más que un proceso judicial.