Miles de personas se manifestaron ayer en Bilbo, Donostia y Gasteiz en protesta por la situación de la atención primaria, secundando una convocatoria de los sindicatos ELA, Satse, LAB, CCOO y UGT, que contó con el apoyo de diferentes colectivos y fuerzas políticas, y que constituyó una importante demostración de que la ciudadanía está comprometida con la sanidad pública.

La crisis de Osakidetza, aunque se ha hecho muy patente durante la pandemia, viene de lejos. Como muestra, puede citarse el escándalo de las OPE, la menguante aportación de los presupuestos al sistema público de salud o el vaciamiento de un centro puntero en la lucha contra el cáncer como Onkologikoa. Esta crisis sanitaria tampoco ha servido de aliciente a sus actuales responsables políticos para intentar mejorar sus principales carencias. De hecho, a la primera oportunidad han tomado el camino contrario: han echado al personal eventual, han cerrado vacunódromos y se han reducido equipos de rastreo. Y ahora la sobrecarga de trabajo y el agotamiento amenazan el colapso. La secuencia apunta a que existe una estrategia por parte del Ejecutivo para reducir a la mínima expresión el sistema público. Una privatización abierta se enfrentaría con un rechazo frontal de la ciudadanía, así que Lakua parece haber decidido utilizar la vía indirecta, que no es otra que la muerte por inanición de Osakidetza. Atentos a ese proceso están los seguros privados, dispuestos a transformar ese descontento en nuevas pólizas y más beneficios.

Si algo ha dejado claro esta pandemia es que la salud, sobre todo, es una cuestión colectiva: no hay sociedad saludable cuando una parte está enferma por falta de recursos. Por esta razón es tan necesario que la asistencia sanitaria sea pública, universal y gratuita, y también accesible y presencial. Así lo entiende una gran parte de la sociedad vasca, que ayer salió a la calle a comprometerse y a defender el sistema público de salud. Corresponde ahora a los responsables políticos sacar las conclusiones pertinentes.