Se daba ayer por hecho que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos contaría con la mayoría suficiente para convalidar el decreto de reforma laboral pactado con CEOE y CCOO y UGT, en el que la patronal prohibió mover ni una sola coma en la negociación con los grupos parlamentarios. Pero durante la tarde hubo suspense. Ciudadanos ya había avanzado que aportaría sus 9 diputados y el PDeCat anunció sobre las siete sus 4 síes. Solo a las 20.15 horas se supo que UPN se unía al club.

Estos anuncios, unidos a los de otras formaciones como Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y PRC suman los 176 que conforman la mayoría absoluta.

Desde horas antes, se daba por seguro que UPN apoyaría la reforma. Sin embargo, sus portavoces insistieron hasta el último momento en que todas las opciones estaban abiertas, dependiendo de las negociaciones que mantenían y también de las posiciones de otros grupos, puesto que veían con malos ojos que al final hubiera acuerdos con partidos soberanistas. De hecho, al anunciar su posición favorable, los regionalistas navarros insistieron en la condición de que no hubiera cambios en lo acordado con la CEOE ni ahora ni en el futuro.

UPN es una aliado natural e histórico del PP, el mayor grupo parlamentario que se opone a la convalidación del decreto. Pero el presidente de UPN, Javier Esparza, informó de que apoyará la reforma con «convencimiento» y por «responsabilidad y sentido de Estado».

«Lo cómodo era votar ‘no’», afirmó Esparza, porque es «evidente que el Partido Socialista no merece el apoyo de UPN», pero añadió que «lo imprescindible para traer prosperidad es votar ‘sí’». Apostillando que «si esta reforma no se aprueba, pierde España». Recordó las exigencias impuestas por la Unión Europea, que, según apuntó, «puso como condición para que llegara una parte de los fondos aprobar esta reforma y hacerlo de forma pactada con la patronal y los sindicatos».

Con este cuadro, es evidente que importantes sectores del Gobierno se sienten incómodos por ofrecer la imagen de sacar adelante la reforma laboral rompiendo con los firmantes del bloque de investidura y apoyándose en un partido como Cs, que se encuentra en estos momentos en clara descomposición y dando la imagen de ser capaz de todo por asomar la cabeza en cuatro titulares, sea al precio que sea.

Intensifican las presiones

En este escenario, desde el Gobierno, y expresamente desde Unidas Podemos, se seguía ayer presionando a Esquerra Republicana de Catalunya para moverla de su negativa. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguraba tener tiempo aún para negociar y que ha puesto sobre la mesa ofertas que no han tenido respuesta.

Lo que no se entiende muy bien es qué se pretende negociar si previamente han dejado claro que ni el Gobierno ni la patronal aceptan ningún cambio en el decreto. Según algunas fuentes, desde el Ejecutivo se estaría poniendo encima de la mesa la posibilidad de admitir la prevalencia de los convenios autonómicos y algunas otras reivindicaciones del bloque de investidura a través de otra iniciativa legal posterior. Pero en algunas fuerzas pesa mucho la evidencia de que, con mayoría suficiente para ello, PSOE y Unidas Podemos no han sido capaces de cumplir compromisos anteriores sobre esta reforma.

Por otra parte, para intensificar su presión sobre ERC, desde En Comú Podem han amenazado al partido republicano con que si no apoya la convalidación del decreto retirarán su apoyo parlamentario al Govern de Pere Aragonès en el Parlament catalán. Los comunes apuntan que esta falta de apoyo supone una ruptura de la confianza y consideran que Esquerra «hace pasar motivos electoralistas por encima de los avances que supone la reforma».

Por contra, Gabriel Rufián afirmó en rueda de prensa que alguien del Gobierno «se ha pasado de frenada» al pensar que ERC iba a apoyar una ley que no deroga la reforma laboral del PP, en contra de lo que se había prometido. Añadió que su partido no acepta «trágalas».

Otra de las formaciones con las que desde el Gobierno se estaba intentando cerrar un acuerdo era el PNV, que aseguró que mantenía las líneas abiertas para la negociación, pero no parecía tener muchos incentivos para salir de su rechazo anunciado al decreto.

EH Bildu aseguró en la tarde de ayer a este diario que se mantenía en el «no» y, aunque había recibido alguna llamada desde el Ejecutivo, al parecer las dos partes tenían claro que no serviría para nada.

Así que si nadie se ausenta o se equivoca, la anunciada derogación de la reforma laboral de Rajoy quedará en un acuerdo con la CEOE, Cs y UPN, rompiendo el bloque de investidura.