El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha nombrado esta semana a su cuarto equipo de Gobierno desde que asumió la Jefatura del Estado en julio de 2021, Algo más de medio año con un trasiego constante de ministros, permanentemente envueltos en polémicas y acusaciones.

Esta inestabilidad, habitual en mandatos anteriores, ha superado ya la de uno de sus antecesores, Ollanta Humala, que nombró tres gabinetes en poco más de un año.

La fragilidad de la posición de Castillo es consecuencia de una férrea oposición por parte de los medios de comunicación y de un Congreso muy fraccionado y hostil, pero también del cuestionamiento del propio partido con el que llegó a la Presidencia, Perú Libre, que le acusa de rodearse de la «izquierda caviar».

Líderes de Perú Libre le reprochan precisamente seguir los pasos de Humala con la derechización del Ejecutivo, que hará imposible cumplir las promesas con las que ganó las elecciones.

De hecho, Humala aconseja en público y en privado –mantienen contactos regulares– a Castillo sobre su gestión y, sobre todo, de quién debe rodearse.

La base de la victoria de Perú Libre se sustentaba sobre sectores muy heterogéneos de la izquierda peruana, endémicamente dividida. Y las tensiones entre ellos se evidenciaron desde el primer momento de su sorprendente llegada al Gobierno en un país que arrastraba décadas de ejecutivos neoliberales, corruptos y golpistas.

Perú Libre está lejos de tener la estructura del Movimiento al Socialismo (MAS) de la vecina Bolivia. Defiende un planteamiento marxista-leninista, pero con propuestas conservadoras en ámbitos como la igualdad de género. La inhabilitación por corrupción de su líder, Vladimir Cerrón, hizo que eligiera al líder sindical Pedro Castillo como candidato a la Presidencia. Con él llegó otro sector de organizaciones sindicales, sobre todo del mundo de la educación.

Además, tuvo que forjar alianzas con formaciones como Nuevo Perú de Verónika Mendoza, o el Frente Amplio, una izquierda urbana, más afín al modelo europeo, que aúna tintes ecologistas, feministas y socialdemócratas. Perú Libre, más afianzado en el medio rural, la desdeña como «la izquierda caviar».

El primer jefe de Gobierno bajo la Presidencia de Castillo, Guido Bellido, fue la voz de Cerrón.

Perseguido por varias polémicas y por la acusación de «apología del terrorismo» –el espantajo que la derecha peruana agita contra cualquier nombramiento que se acerque a posturas transformadoras–, Bellido duró poco más de dos meses en el cargo. Su sustitución por Mirtha Vásquez, del Frente Amplio, supuso la primera ruptura con Perú Libre, que vio una traición en los cambios de Castillo. «El hermano presidente Pedro Castillo no es de izquierda. Tengo la convicción plena de afirmar que su práctica no corresponde a una formación política de izquierda, sino a un nivel sindicalista básico», criticó entonces Bellido.

Pero tampoco Vásquez duró mucho más, tras una polémica sobre nombramientos en el Ministerio del Interior, por el que van pasando ya cuatro ministros. El giro fue más a la derecha y Castillo nombró jefe de Gobierno a Héctor Valer, que ha estado dando tumbos por partidos conservadores hasta acabar en Renovación Popular (extrema derecha), y sobre el que además pesaban acusaciones de violencia machista.

«Perdimos la batalla. Se impusieron el chantaje neoliberal, la presión del conservadurismo, el oportunismo, la informalidad y los intereses corporativos (...). Lamentablemente, no es la primera vez que se traicionan las expectativas de cambio del pueblo», lamentó Mendoza cuando anunció la salida de Nuevo Perú.

El nombramiento esta semana de Aníbal Torres como primer ministro no ha supuesto mayor cohesión.

Perú Libre pide «excluir a derechistas, caviares y traidores. (...) Nuevo Perú y Frente Amplio ya fueron servidos» y exige su cuota de poder.

A la vez que sus apoyos iniciales se van rompiendo, la oposición, y sobre todo el fujimorismo de Fuerza Popular, intenta forzar la repetición de unas elecciones cuyo resultado nunca aceptó. Con la imputación de «ingobernabilidad e incapacidad» va a presentar una acusación constitucional para intentar destituir a Castillo.

El pasado noviembre ya fracasó una moción para cesarlo, pero solo faltaron seis votos para que fuera admitida a trámite.

Esta permanente crisis con Castillo en la cuerda floja aleja los prometidos cambios estructurales y, sobre todo, la derogación de la Constitución vigente desde 1993, implantada por Alberto Fujimori.