El preso Mikel Otegi Unanue, de 49 años de edad y encarcelado en Iruñea, fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Nafarroa, donde quedó ingresado tras serle diagnosticada una tuberculosis pulmonar, informó ayer Etxerat en una nota. Las mismas fuentes revelaron que el traslado tuvo lugar la pasada semana, aunque la noticia fue confirmada ayer.

Tras ser ingresado, el preso natural de Itsasondo dio positivo en covid-19, por lo que fue conducido a la planta específica para tratar esta enfermedad dentro del citado complejo sanitario. Una vez superada esta infección, y tras dar el lunes negativo en covid, Otegi fue llevado a otra planta. Al parecer, se le ha diagnosticado una tuberculosis pulmonar tras las pruebas a las que ha sido sometido estos días.

Tal y como recordó Etxerat, Otegi forma parte del grupo de 19 presos y presas políticas vascas con enfermedades graves. El preso guipuzcoano, que lleva 20 años en prisión, sufrió en el pasado un síndrome coronario agudo y padece además osteoartritis de rodilla de posible origen degenerativo.

Desde Etxerat reiteraron la petición de libertad para Otegi, así como para el resto de presas y presos políticos vascos con enfermedades graves e incurables.

«Antes de que vuelvan a producirse situaciones como la padecida ahora por Mikel Otegi, o la reciente intervención de urgencia al preso Gregorio Vicario, se debe garantizar el derecho a la salud y, en los casos de personas presas con enfermedades graves y de mayores de 70 años, se deben suspender sus condenas», pidió la asociación en la nota.

Recordaron, además que este derecho esta recogido en el propio Código Penal español, concretamente en sus artículos 80 y 92, toda vez que el artículo 43.1 de la Constitución española recoge el derecho a que la salud de los ciudadanos quede garantizada de hecho.

«Así lo han venido recomendando los últimos años, por otra parte, en el contexto de la pandemia, organismos internacionales como la OMS y el Consejo de Europa», concluyó Etxerat.

Sare llama a movilizarse contra el encarcelamiento de Gutiérrez

Apenas tres semanas después de que a Iñigo Gutiérrez, padre de Izadi, le fuera concedido por unanimidad el tercer grado, la Audiencia Nacional española revocó la decisión y ordenó su encarcelamiento.

Pese a que al preso político vasco apenas le quedan cinco meses para cumplir su condena, la decisión de la Fiscalía y la AN fue la de impugnar el tercer grado, una maniobra que Sare denunciará en la movilización que ha convocado para este viernes, día 18, en Algorta, Getxo, localidad natal de Gutiérrez.

Además, Sare denunció ayer «que el encarcelamiento de Iñigo va a afectar directamente a Izadi, su hija de tres años, que se va a quedar sin padre ni madre». La decisión, agregó, vulnera los derechos tanto del padre como de la hija.

Desde la plataforma Izadi Gurasoekin Etxera, Itxaso Torregrosa compartió ayer en los micrófonos de NAIZ Irratia el dolor y la preocupación con la que viven este nuevo escenario. «Es inaceptable el sufrimiento que están causando a Izadi», manifestó.GARA