El Parlamento de Gasteiz rechazó ayer por amplia mayoría la maniobra orquestada por asociaciones de la Guardia Civil y de la Policía española para inscribirse como víctimas de la violencia del Estado, aprovechando algunas carencias de la textualidad de la “Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999”. Hasta 510 de las 1.220 peticiones las firmaron miembros de las FSE, tratando de mezclarse entre torturados, heridos y muertos.

GARA informó el pasado 26 de diciembre de este intento de fraude perfectamente planificado, explicando que se trataba de unas 300 solicitudes. Posteriormente, los datos oficiales elevaron la cifra y se conoció que la Comisión de Valoración prevista en la ley había rechazado de forma unánime aceptar las falsas solicitudes.

EH Bildu llevó la cuestión al Parlamento de Gasteiz para que mostrara su oposición a semejante maniobra y, finalmente ayer, se alcanzó un acuerdo entre PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos, que suman 69 escaños (aunque en la votación faltaban 3), frente a los apenas 7 de la derecha española que votaron en contra.

En dicho acuerdo, el Parlamento «reafirma el compromiso con los derechos a la verdad, la justicia y la reparación que asiste a todas las víctimas y en concreto» a las reconocidas en esta ley. «En consecuencia», con ello «rechaza cualquier intento de desvirtuar el espíritu y la letra de dicha ley y muestra su reconocimiento y apoyo a todas las víctimas a las que legítimamente está destinada».

Además, la Cámara «respalda la labor de la Comisión de Valoración e insta al Gobierno Vasco a continuar el trabajo de desarrollo e implantación de la ley, estableciendo los recursos materiales y humanos necesarios para dar así respuesta a los derechos que asisten a las víctimas». Varios de los intervinientes han incidido en esta necesidad de profundizar en los mecanismos actuales para amparar de forma efectiva a las víctimas de la violencia del Estado.

Recuerdo a las víctimas reales

En nombre del grupo proponente, Julen Arzuaga comenzó su intervención recordando a los torturados, muertos y heridos por cuerpos policiales y grupos parapoliciales. Y también trajo a la memoria que cuando se aprobó la ley miembros de sindicatos policiales estuvieron presentes en la Cámara, cuando los protagonistas debían haber sido sus víctimas, y se sentaron frente a ellas para decir que ellos no habían hecho nada, que el dolor de estas víctimas no era cosa suya y sin ninguna autocrítica.

Arzuaga denunció el intento de «sabotaje» que ahora han realizado estos elementos policiales, pero también reclamó que se profundice en la ley para facilitar el acceso de las víctimas, eliminando obstáculos que han detectado en la normativa expertos como Jon Mirena Landa, y que se le dé un impulso, puesto que por el momento solo se han resuelto 35 casos de los más de setecientos legítimamente inscritos.

Desde Elkarrekin Podemos-IU, Iñigo Martínez denunció con dureza este «intento de sabotaje desde dentro de uno de los únicos mecanismos que tenemos que resarcir a las víctimas». Añadió que hay que defender esta ley, mejorarla y dotarla de medios suficientes. Incluso vio necesario ir más allá del acuerdo alcanzado en la Cámara, recordando que la propia Comisión encargada de aplicar la ley, solicitó ampliar el objeto de la misma.

Miren Gallastegi, del PSE, defendió que los antecedentes de esta ley arrancaron en tiempos en los que Patxi López era lehendakari y que finalmente hubiera un acuerdo para que la redacción de esta fuera admitida por el Tribunal Constitucional. Explicó que el hecho de que miembros de las FSE no tengan cabida en esta ley no significa que no reciban el amparo de la Ley de Víctimas del Terrorismo, y también trajo a colación el Memorial de Gasteiz.

El jeltzale Iñigo Iturrate se felicitó del acuerdo alcanzado, criticó la maniobra de estos miembros de las FSE y reiteró que para ellos ya hay otras leyes de reconocimiento. El portavoz del PNV sostuvo la necesidad de defender a las víctimas de motivación política y puso en solfa los argumentos del PP.

La derecha apoya la maniobra

Entre quienes se pronunciaron en contra del acuerdo, Carmelo Barrio, de PP+Cs, habló de «campaña que busca la deshonra y el desprestigio de las FSE» que atribuyó a EH Bildu, pero que luego se le quedó corta al ver que se repartía entre los escaños la enmienda transaccional alcanzada por la mayoría de los grupos. Barrio defendió que la textualidad de la ley 12/2016 también ampara a los elementos policiales que han solicitado ser considerados víctimas. Y también volvió a respaldar la presencia de miembros de Jusapol en el Parlamento el día que se aprobó la norma, algo lógico teniendo en cuenta que los miembros de Jusapol acudieron a la Cámara autonómica invitados por el PP.

La única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, puso adjetivos más duros al mismo discurso del PP, añadiendo varias menciones a GARA. Luego se quejó de que contra las propuestas de EH Bildu y su «repugnante discurso» no haya «cordón democrático».

Debate entre PSE y EH Bildu

Pese a tener firmado un texto común, Miren Gallastegi criticó que la proposición original de EH Bildu no ponía el protagonismo en las víctimas sino en su «mantra ideológico». «Ustedes –afirmó– querían venir aquí a hablar de la violencia del Estado, no de la violencia ejercida por autoridades o personal al servicio del Estado, que no es lo mismo. Porque es lo mismo que decir que el pueblo vasco y ETA eran lo mismo, ¿verdad?, porque era en nombre de quien actuaba ETA y a quien quería defender». Se le acabó el tiempo cuando dirigiéndose a Julen Arzuaga se felicitaba por el acuerdo alcanzado y le espetaba que debería ir acompañado de otros pronunciamientos.

Arzuaga, al retomar la palabra, mostró su extrañeza por que existiendo un acuerdo la parlamentaria del PSE le reprochara que tenga un «mantra ideológico» y le preguntó cuál es el del PSE. Censuró que se hable de «abusos policiales» como si unas «pocas manzanas podridas generaran mas de 5.000 torturados, más de 200 muertes y miles de heridos, según fuentes oficiales. «Para ello es necesaria una estructura de impunidad». Pidió al partido de Gallastegi que no rebaje el lenguaje, puesto que «no es abuso que un Estado haga desaparecer al oponente por medio de la cal viva, y no sé cuál es el problema que usted tiene para reconocerlo como lo que son: víctimas del Estado, sin tapujos ni ambages».

De nuevo en el atril, Miren Gallastegi aseguró que no se trata de «una cuestión dialéctica» ni de «intensidades». Mostró la necesidad de compartir un «suelo ético» que rechace toda justificación del «terrorismo» o de cualquier vulneración de derechos, pero no le puso el nombre de tortura, por ejemplo. La parlamentaria del PSE reprochó a EH Bildu si «pueden hablar sin sonrojo, sin bajar la cabeza, de cualquier vulneración de derechos humanos. Nosotros sí podemos».