Les voy a contar la historia de una familia trabajadora de Gasteiz. Después de muchos años, ¡por fin!, tenían papeles, un contrato de trabajo y una nómina, pero aún vivían en una habitación. Al nacer la segunda hija y tener regularizada su situación y una disposición económica más estable, decidieron alquilar un piso para ellos solos. Y es ahí, en ese deseo tan legítimo donde su historia dejó de ser una historia corriente y se convirtió en una odisea urbana. Siguiendo las normas que exige el mercado, acudieron a las inmobiliarias. Habían ahorrado para pagar los meses de fianza y estaban convencidas de que ya reunían los requisitos que les habían exigido año tras año. Pero... cuando, ilusionado, mostraba su nómina de 1.300 euros, desde el otro lado de la mesa, la devolvían diciendo: «Con esta cantidad, imposible afrontar el alquiler. Tendría que tener un salario de 1.800 en adelante». En todas las oficinas la misma respuesta y, en las de alquiler social, la respuesta cambiaba al equivalente del «vuelva usted mañana» de Larra. La historia de Ramón se repite a diario mientras el alquiler por habitaciones se pone por las nubes, rentabilizando aún más la especulación y el negocio de la vivienda entre propietarios corrientes. Ramón continúa buscando una vivienda. Se niega a aceptar que, para un familia inmigrante y trabajadora, alquilar una casa sea una quimera.