La entrega temporal de Iratxe Sorzabal al Estado español se salda ya con una condena en la Audiencia Nacional a 24 años de cárcel por un atentado de ETA en Gijón cometido en 1996. Todo ello tras un juicio en el que detalló las torturas sufridas a manos de la Guardia Civil y que le llevaron a autoinculparse. El tribunal especial las recoge en el fallo y se hace eco también de los posicionamientos de expertos que les dan total credibilidad, pero lo despacha acto seguido señalando que «no ha quedado plenamente acreditado». Tampoco se ordena ninguna investigación al respecto.

El caso se remonta a 2001, cuando Sorzabal fue detenida en Hernani por la Guardia Civil y refirió torturas diversas, incluida la aplicación de electrodos, que le dejó marcas muy claras en el cuerpo (tuvo que ser llevada al hospital), y también abusos sexuales. Explicó en la sala que tuvo que autoinculparse porque fue la única forma de «salir de aquel infierno».

El tribunal sentenciador reconoce la existencia de diez fotografías analizadas por la directora del Instituto Anatómico Forense de Madrid en las que «se aprecian unas manchas de color negro, siendo imposible saber a qué corresponden». Unas líneas más adelante lo califica de «dermatitis» que «se va secando con evolución favorable».

«El médico forense de la Audiencia Nacional, en su informe, ratificado en el plenario, señala que de las copias de las fotografías no puede concluirse una posible patología dérmica, desconociendo el resultado de la biopsia, el cual podría ser de interés para saber y establecer alguna conclusión», continúa el fallo. Añade que luego se hizo una biopsia que arrojó resultados «inespecíficos», por lo que el forense concluyó que «no puede establecer conclusiones ciertas».

Se escuda también el tribunal en que el informe sobre la tortura elaborado por el Instituto Vasco de Criminología para el Gobierno de Lakua, en el que se incluye el caso de Iratxe Sorzabal, «no ha sido aportado a las actuaciones», y en que otro elaborado por el doctor Pierre Duterte no se ha ratificado en la vista «por problemas de carácter técnico».

«En el hipotético caso...»

Respecto a las secuelas síquicas que Sorzabal sufre desde aquel arresto bajo régimen de incomunicación, también acreditadas técnicamente, la Audiencia Nacional se aferra a que «pueden deberse a otros episodios sufridos por la procesada desde entonces, como por ejemplo el periodo de tiempo que ha estado encarcelada en Francia u otro tipo de circunstancias que se desconocen pero que bien pudieran haberle afectado».

«Aun así, en el hipotético caso de que hubieran existido torturas y que las declaraciones policiales hubieran sido efectuadas bajo las mismas, lo que sí es preciso dejar sentado es que la declaración condenatoria de la procesada no se efectúa en base a estas declaraciones policiales puesto que nunca fueron ratificadas en base al documento manuscrito y elaborado de forma voluntaria por la procesada, en la que reconoce haber participado en la colocación de los artefactos de Gijón», llega a decir la Audiencia Nacional en esta sentencia firmada por Francisco Javier Vieira Moranto, Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez y María Fernanda García Pérez.

Este supuesto manuscrito es la pieza usada por el tribunal para sustentar la condena. Afirma que fue remitido por Sorzabal a la dirección de ETA explicando el atentado de Gijón y que acredita su participación porque fue redactado «de forma espontánea, libre y voluntaria». Para el tribunal especial, en el transcurso de la detención, incomunicación y acciones posteriores no hubo nada que forzara a la presa vasca a autoinculparse o inculpar a alguien.

Aún le queda en el Estado galo

Se le aplica un delito de «estragos terroristas» en grado de consumación y otro en grado de tentativa, lo que suma 24 años y seis meses de prisión, y queda absuelta de «pertenencia a banda armada», retirado por las acusaciones puesto que ya cumple condena por su equivalente en el Estado francés.

Tras este periodo de entrega temporal Sorzabal será devuelta a cárceles francesas para terminar de cumplir allí la pena. Está prisionera desde 2015.