La tribuna de opinión que, bajo la firma del presidente de la sección francesa de la Liga de Derechos Humanos, Malik Salemkour, publicó ayer el digital francés Médiapart, arranca con el recordatorio de que «durante décadas los movimientos clandestinos defendieron sus reivindicaciones regionalistas o nacionalistas tanto en Corsica como en Euskal Herria llevando a cabo acciones violentas y atentados inaceptables». A partir de ahí deja sentado que esa situación cambió de raíz con el final de la lucha armada «en 2014 en Corsica y en 2017 en Euskal Herria».

Para el responsable de la LDH ese «abandono voluntario» de la lucha armada permitió poner en marcha «una vía democrática con procesos de paz y resolución política que gozan de un amplio respaldo» en esos dos territorios.

Sin embargo, lamenta, «en ambos casos los llamamientos públicos de asociaciones y electos de distintas formas de pensar para continuar con el diálogo se ven hoy bloqueados por el Gobierno francés que rechaza, sin ninguna razón legítima, cualquier avance concreto».

El presidente de la institución creada en 1898 recuerda que «la suerte de los presos corsos y vascos es una cuestión altamente simbólica y el rechazo obstinado por parte del poder puede ser perjudicial para la paz y el conjunto de las dinámicas positivas puestas en marcha» en el contexto del final de la fase armada de dichos conflictos.

Malik Salemkour hace referencia a la decisión conocida días atrás en relación a dos presos corsos, Alain Ferrandi y Pierre Alessandri, que fueron condenados en 2003 a cadena perpetua por la muerte del prefecto Claude Erignac (1998). Los dos presos corsos están entre rejas desde su detención en 1999 y hace solo unos días la comisión de la cárcel de Poissy, en la que permanecen y a la que corresponde analizar en primera instancia las solicitudes de los prisioneros, ha emitido un informe contrario a la petición de que se les retire el estatus de peligrosidad o DPS con vistas a que pueda materializarse su traslado a la cárcel de Borgo, en Corsica, lo que les permitiría estar cerca de sus familias. Se trata de una marcha atrás, ya que ante demandas precedentes la petición era avalada en primera instancia aunque a la postre el Ministerio de Justicia terminara frustrando la misma.

DPS para Ferrandi y Alessandri

Cabe recordar que el atentado que costó la vida al prefecto Érignac está en el centro de otro caso de fuerte resonancia, el de Yvan Colonna, condenado también a cadena perpetua aunque haya negado siempre su implicación en los hechos.

A remarcar la larga estela dejada por ese atentado contribuye el hecho de que el actual presidente de la Colectividad de Corsica, Gilles Simeoni, ejerciera de abogado de Colonna o que Emmanuel Macron abriera su primera visita a la isla como presidente, en 2018, asistiendo a un homenaje al representante del Estado muerto veinte años antes en el atentado cometido por el Frente de Liberación Nacional de Corsica (FLNC).

El informe emitido por Poissy respecto a Alain Ferrandi y Pierre Alessandri, aun teniendo solo carácter orientativo, ha sido acogido con preocupación en la isla mediterránea.

De ahí que Malik Salemkour considere que «el Gobierno debe de poner fin a esta injusticia y hacer los gestos de cara a la normalización que espera la sociedad corsa y los parlamentarios de diferentes partidos –dos de ellos de la mayoría presidencial– que intercedieron por última vez en diciembre de 2021» en favor de que estos prisioneros sean repatriados a Corsica.

El presidente de la LDH se refiere después a la situación de dos presos vascos, Ion Kepa Parot y Jakes Esnal, ambos de más de 70 años de edad y en prisión –al igual que Unai Parot, encarcelado en el Estado español– desde hace más de 30 años «tras haber sido condenados por la Justicia francesa a cadena perpetua por crímenes graves cometidos en España».

Salemkour recuerda que, de haber sido encarcelados en el Estado español, Ion Kepa Parot y Jakes Esnal deberían haber salido de prisión a cumplir el periodo máximo de 30 años.

«Aunque los jueces de aplicación de pena (TAP) se han manifestado en favor de otorgar la libertad condicional a esos prisioneros, el Gobierno francés y la Fiscalía antiterrorista se obcecan en impedir cualquier expectativa a riesgo de que estos presos mueran en prisión», denuncia el presidente de la LDH francesa, entidad que tiene estatus de organismo consultivo ante el Ejecutivo galo.

Desobediencia en Baiona

Salemkour se refiere al consenso amplio y a la movilización perseverante de la sociedad vasca, aludiendo en concreto al acto de desobediencia civil llevado a cabo el pasado viernes, 18 de febrero, por unas 200 personas representativas de la sociedad civil de Ipar Euskal Herria en la Subprefectura de Baiona.

Un acto que es el primero de una campaña para la que Bake Bidea y Artesanos de la Paz buscan actualmente apoyo financiero vía crowdfunding en Helloasso (https://urlz.fr/hwuS).

«El presidente de la República debe escuchar la preocupación e impaciencia que expresan los artesanos de la paz movilizados en favor de la puesta en marcha, junto al Estado francés, de un auténtico proceso democrático y político», estima en su escrito el presidente de la LDH, para quien, el contexto electoral que se vive en el Hexágono no debería ser un pretexto, sino más bien un acicate a la hora de encauzar la situación.

«Los consensos de las fuerzas políticas locales más allá de los posicionamientos partidarios y los amplios acuerdos de las sociedades civiles desbordan el contexto electoral y permiten avanzar sin esperar más» considera el presidente de la LDH, para quien «abordar desde ya la situación de las personas en prisión y dar una respuesta a cada una de ellas, sin que ello implique impunidad, pero teniendo en cuenta el cambio de situación, generaría las condiciones necesarias para la reconciliación y la construcción de unas sociedades que vivan una situación de paz duradera».

 

Auzitegi Nazionala, espetxe politika arrunta garatzeko oztopoa

Foro Sozial Iraunkorrak “Motibazio politikoko euskal presoei aplikatutako espetxe politikaren Behatokia”’ sei hilean behingo argitalpenaren laugarren zenbakia osatu du. Bertan, presoen birgizarteratze ibilbideei buruzko datuak eguneratzeaz gain, torturaren eta defentsa eskubidearen gaiak ere landu ditu Foro Sozialak. Ildo horretan, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Atristrainen kasuari buruz eman berri duen epaiak dagoeneko izan dituen eta etorkizunean izan ditzakeen ondorioak aztertu ditu Foro Sozialak heldu den ostiralean Bilbon aurkeztuko duen argitalpenean.

Presoei buruzko datuei dagokienez, «aurrerapenak» egon direla nabarmendu du Foro Sozialak. «Positiboki» baloratzen ditu mugimendu horiek, baina zehaztu du «beharrezkoa» dela «preso guztiak beren ingurune sozialetara hurbiltzea birgizarteratze ibilbideen arrakasta bermatzeko». Lakua euskal espetxeak kudeatzen hasi dela ere izan du hizpide Foro Sozialak, horrek «espetxe politika arruntaren aplikazioa erraztu» beharko lukeela iritziz.

«Hala ere, espetxe politika arrunta garatzeko oztopo nagusiak Auzitegi Nazionalean jarraitzen du, haren ardurapean baitaude oraindik gradu progresioak, baimenak, hirugarren gradua baldintzapeko askatasunak...», azpimarratu du Foro Sozialak. Hori dela-eta «oztopoek bere horretan» jarraitzen dutela eta «are larriagoak» direla orain salatu du. NAIZ