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Washington

El Supremo de EEUU analiza dar un golpe al clima

La ultraconservadora Corte Suprema de EEUU examinaba ayer un dossier medioambiental de enorme calado, capaz de complicar la anunciada lucha de la Administración de Joe Biden contra el calentamiento climático. La audiencia analiza la competencia de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente para regular la emisión de gases de efecto invernadero de las centrales de carbón, que producen cerca del 20% de la electricidad de EEUU.

«Es el dossier más importante en relación al cambio climático en los últimos 15 años y la composición de la Corte ha cambiado radicalmente» en este período, asegura a la agencia AFP Richard Lazarus, profesor de derecho medioambiental de la Universidad de Harvard.

En 2007, el Tribunal Supremo decidió, por una ajustada mayoría, que la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) era competente para regular las emisiones de gases responsables del calentamiento global, de la misma forma que se encarga, por una ley de los años 60, de limitar la polución del aire.

Sin embargo, durante sus cuatro años de mandato (2016-2020), el expresidente republicano Donald Trump, un negacionista del cambio climático hostil a todo tipo de medidas vinculantes para la industria, logró incluir a tres magistrados en el templo del derecho estadounidense, cimentando la mayoría conservadora (seis jueces sobre nueve).

«Siendo como es la Corte más conservadora de los últimos decenios, los representantes de las industrias fósiles le exigen medidas extremas para limitar la autoridad de la EPA», destaca Robert Percival, profesor de Derecho Medioambiental de la Universidad de Maryland.

«Regalo de Navidad»

Concretamente, el dossier tiene su origen en un ambicioso plan adoptado en 2015 por el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, para reducir las emisiones de CO2.

El «Clean Power Plan», cuya puesta en marcha se encargó a la EPA, fue bloqueado antes de su entrada en vigor.

En 2019, Donald Trump hacía pública su propia «reglamentación por una energía propia abordable», limitando el campo de acción de la EPA y sin autorizarle a remodelar toda la red.

Después de que un tribunal federal invalidara ese recorte de competencias, varios estados conservadores y la industria del carbón exigieron al Tribunal Supremo intervenir y delimitar los poderes de la EPA.

Al aceptar el dossier, el Supremo lanzó indudablemente una señal favorable a los detractores de la lucha contra la emergencia climática y, más globalmente, a todos los que se oponen a un Estado central fuerte. «Fue un regalo de Navidad para todas las industrias que se oponen a esa regulación», señala Percival.

En su argumentación, el estado de Virginia Occidental reprochaba en su recurso a la EPA conducirse como «la autoridad de planificación central de la energía», en el típico lenguaje caricaturesco anticomunista. Lo que «priva a los estados de su autoridad tradicional sin aprobación del Congreso», añadía.

Resentimiento

Para Lazarus, todo apunta a pensar que la Corte va a hacer suyo ese razonamiento y concluir que «el Congreso no tiene derecho a delegar su poder de regulación (...) y solo lo puede hacer utilizando un lenguaje muy preciso».

Con un Congreso bloqueado, y en el que Biden ha fracasado al ver frenados sus macroproyectos sociales y medioambientales, ello supondría un duro golpe a su mandato.

Para intentar evitarlo, muchos expertos han apelado al Supremo a que apoye a la EPA.

El sector socialista del Partido Demócrata, liderado por el senador Bernie Sanders, exige frenar los excesos de la industria y recuerda que esa firmeza fue vital en el siglo XX para aumentar la esperanza de vida e incluso la productividad laboral. Asegura que el caso «es producto del resentimiento de la industria» impulsado por grupos de presión adinerados y piden a la Corte que rechace su solicitud «abiertamente política».

Biden propone a la jueza negra Ketanji Brown Jackson para el Supremo de EEUU

El presidente de EEUU, Joe Biden, ha propuesto a Ketanji Brown Jackson, jueza de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, para ocupar la vacante del Tribunal Supremo del país, cumpliendo así con su promesa de elegir para este puesto a una negra.

La Casa Blanca definió a Brown Jackson como «una de las más brillantes mentes» del mundo judicial, «comprometida con la igualdad ante la ley y que comprende el profundo impacto que las decisiones del Supremo tienen en la vida del pueblo estadounidense».

Jackson, de 51 años, es jueza del Tribunal Federal de Apelaciones de Washington D.C. y la principal candidata para la vacante abierta por el juez Stephen Breyer, que a finales de enero anunciaba su retirada. Se ha impuesto a otras candidatas como J. Michelle Childs o Leondra Kruger, hasta ahora también entre las mejor posicionadas para el puesto. «La jueza Jackson es una de las mentes legales más brillantes de nuestra nación y tiene una experiencia inusualmente amplia en nuestro sistema legal, lo que apunta a que será una jueza excepcional del Supremo», afirmó Biden.

De ser confirmada, será la primera mujer negra en ocupar una de las nueve sillas de la más alta instancia judicial estadounidense. Los dos años que pasó como abogada de oficio para personas con pocos recursos la convertirían en la primera jueza de la Corte con ese tipo de experiencia desde hace más de tres décadas.

Los expertos consultados por la CNN no anticipan problemas en su nominación. En su audiencia más reciente en el Senado, los republicanos dedicaron más tiempo a atacar a, presidente que a Jackson, hasta el punto que el senador republicano por Texas, John Cornyn, llegó a aplaudir los «impresionantes» antecedentes exhibidos por la ahora nominada por Biden. GARA