El Foro Social observa «claras posiciones involucionistas, actitudes de marcha atrás en algunas cuestiones que, hace menos de dos años, no suponían problemas», tras la serie de permisos anulados por la Audiencia Nacional española a presos vascos que se encuentran en segundo grado penitenciario.

Este organismo ha denunciado que, además de los tres casos conocidos de regresión de tercer a segundo grado (Unai Fano, Jon Crespo e Iñigo Gutiérrez), son «decenas» ya los casos de ciudadanos vascos en segundo grado con permisos concedidos por las Juntas de Tratamiento Penitenciario que han sido anulados en la Audiencia Nacional.

En julio de 2021 se presentó en Donostia un informe monográfico de Behatokia titulado ‘Observatorio de la política penitenciaria aplicada a presos y presas de motivación política’, relativo a los escollos que los itinerarios de reintegración están encontrando en la Audiencia Nacional española.

Entonces, el Foro Social ya apuntó que eran «situaciones o actitudes que suponen un claro riesgo de bloqueo en procesos que deberían ser fluidos puesto que encajan en los parámetros marcados por la legislación y reglamento penitenciarios».

En una nota, el Foro subraya ahora que la secuencia se repite en todos los casos: «Las Juntas de Tratamiento Penitenciario aprueban los permisos, en muchos casos por unanimidad, la fiscalía de la AN recurre y la Sección Primera de la Sala de lo Penal falla denegando el permiso». Según destaca el Foro, en las medidas del tribunal «se observan claras posiciones involucionistas, actitudes de marcha atrás en algunas cuestiones que, hace menos de dos años, no suponían problemas».

Además, resalta que «en ocasiones, se apoyan en cuestiones jurídicamente interpretables, pero en otros casos resulta evidente que se construyen sobre ciertas interpretaciones de las normas jurídicas que parecen contrarias a Derecho».

Ante ello, el Foro Social ha mostrado su «temor» y «preocupación» a que esto se vaya a repetir «con la mayoría» de los ocho casos a los que el Gobierno de Lakua acaba de conceder su progresión a tercer grado.

«Hemos alertado en repetidas ocasiones de la influencia de un lobby contrario a estos cambios y medidas penitenciarias», señalaron en la nota. En ese sentido el Foro Social destacó que lo que buscan estas posiciones es «frenar procesos que se derivan de una aplicación normalizada de la legislación penitenciaria ordinaria».

Por ello, y subrayando «el respeto absoluto al dolor de las víctimas, de todas las víctimas», la entidad reclama «consensos institucionales, políticos, sindicales y sociales» para la «reintegración» de las personas presas «previstos en la legislación ordinaria, sin requisitos añadidos en sus procesos, descartando la imposición de artículos introducidos en momentos históricos afortunadamente superados».