El pleno del Parlamento de Nafarroa aprobó ayer la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La nueva norma recoge, entre otras cuestiones, compromisos para reducir las emisiones contaminantes y delimitar zonas para los parques eólicos y solares. Asimismo abre la posibilidad de establecer una futura fiscalidad verde. Contempla la creación de una Oficina para el Cambio Climático, un Fondo Climático vinculado a los presupuestos y un Consejo Social, así como una Agencia de Transición Energética. La norma crea un amplio conjunto de instrumentos para su implementación.

La ley fue aprobada por unanimidad, algo que no resulta habitual y que revela hasta qué punto las cuestiones medioambientales forman parte ya del discurso político, lo que no quiere decir que todas las formaciones políticas entiendan de la misma manera lo que significa luchar contra el cambio climático o impulsar la transición energética. Y estas diferentes interpretaciones suelen convertirse en un serio problema cuando se pasa de los discursos a la práctica. Todas las leyes, incluso las más perfectas, necesitan, por otra parte, de un impulso social que presione para que se cumplan los preceptos que contienen. Sin el acicate del empuje social, la voluntad política no siempre resulta suficiente para que las leyes se implementen. Este hecho suele quedar de manifiesto especialmente cuando se trata de leyes que buscan proteger derechos sociales o preservar el medio ambiente, aspectos que generalmente suelen terminar sometidos a las exigencias de la omnipresente lógica económica.

Sin duda alguna, la aprobación de esta ley es un paso importante en la lucha contra el cambio climático. No obstante, el reto ahora es lograr que la filosofía de la norma impregne las actuaciones políticas del Gobierno en proyectos como el tren de alta velocidad, y que sus preceptos no terminen aplastados por los intereses superiores de la economía. Un desafío para el Ejecutivo de Nafarroa, para los partidos políticos y sobre todo para la sociedad.