Las movilizaciones globales que siguieron a la muerte de George Floyd, con el cuello aplastado por un bota policial hace dos años, tuvieron seguimiento también notable en Euskal Herria. Muchos de quienes se movilizaron tras aquel crimen viral eran jóvenes, que en muchos casos ni habían nacido cuando Rita Marguerite M. fue violada en la comisaría bilbaina de Indautxu, en 1995. Lo acreditaron sucesivas instancias judiciales hasta llegar al Supremo pero nadie fue condenado por ello. La Policía impuso la ley del silencio, pero se le sumó que Rita tenía muy difícil aquella batalla legal desde su posición: una mujer llegada a este país desde Brasil y detenida por la Brigada de Extranjería en un local de prostitución.

Más posible es, aunque no seguro, que esos jóvenes hayan conocido el caso de Elhadji Ndiaye, muerto en la comisaría de Iruñea en 2016, minutos después de una detención en Arrotxapea no muy diferente a la de Floyd en Mineápolis. El archivo judicial dio por bueno que este joven robusto se desplomó sin motivo y se le paró el corazón; ni siquiera necesitó dar explicación forense al óbito.

Seguramente esos jóvenes sí hayan visto el vídeo del trato policial a otra mujer racializada llamada Silvia, en la comisaría de la Ertzaintza de Getxo. En el mejor de los casos lo que muestra la secuencia puede tomarse como agresión mutua, pero la diferencia estriba en que no hay agentes imputados y sí lo está ella por «atentado», «resistencia» y «lesiones», que podrían conllevar siete años de cárcel.

El documental elaborado por Marc Almodóvar y Ricard González, entrevistados hoy en estas páginas, da visibilidad a una cuestión, la del racismo institucional, que sorprendentemente sigue percibiéndose como problema lejano. Pero como reza el título, en el Estado español, e incluso en Euskal Herria, ha habido George Floyds igual que hay Derek Chauvins, el policía condenado por matarle alevosamente. Y su defensa es una obligación colectiva cuando quienes deberían protegerles son quienes les atacan.