El Gobierno español aprobó ayer el «plan de respuesta a la guerra», que incluye el veto a los despidos en las empresas que reciban ayudas públicas, la bonificación con un mínimo de 20 céntimos al litro de combustible y un límite del 2% a las revisiones de los alquileres durante los próximos tres meses.

Las tres vicepresidentas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, fueron las encargadas de desgranar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las principales líneas del real decreto-ley, que contempla la movilización de 16.000 millones de euros, de los que 6.000 millones corresponden a ayudas directas y bajada de impuestos y otros 10.000 al impulso de una nueva línea ICO.

Entre las medidas más importantes destaca la bonificación con un mínimo de 20 céntimos al litro de combustible para todos los ciudadanos; y la limitación de las revisiones de las subidas de los precios de los contratos de alquiler de vivienda al 2% en los próximos tres meses, así como el aumento del 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Además, se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico; se prorrogará hasta el 30 de junio la rebaja impositiva en la luz; y se permitirá que las empresas acudan a medidas de flexibilidad, como los ERTE, al tiempo que se prohíben los despidos objetivos en los sectores que reciban ayudas.

En cuanto a las medidas dirigidas a apoyar al tejido económico y empresarial, el plan contempla una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros para cubrir necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía.

En este sentido, conviene señalar que el plan contempla un paquete de ayudas directas de 362 millones de euros para el sector de la agricultura y la ganadería, y otro de unos 68 millones para el pesquero.

«Insuficiente»

Las fuerzas que posibilitaron la investidura de Sánchez, entre las que figuran ERC, PNV, EH Bildu, Más País y Compromís, manifestaron ayer que no se opondrán al plan, lo que asegura su convalidación en el Congreso. No obstante, lamentaron que el decreto ley es insuficiente.

Criticaron que medidas como la ampliación de la cuantía del IMV o la extensión del bono social se limiten al 30 de junio, y censuraron la falta de medidas fiscales para financiar el plan. Reprocharon al Gobierno español que no se contemplen recargos a las grandes energéticas, ni subidas a grandes patrimonios y grandes corporaciones.

«No tiene sentido que algunas medidas duren hasta el 30 de junio», aseveró Gabriel Rufián, de ERC, que incidió en que en julio todas las personas afectadas por la crisis «van a estar más o menos igual». «Entendemos los parches, pero tiene que haber plagas bíblicas para que el Gobierno haga cosas que tiene que hacer», señaló tras remarcar la necesidad de adoptar medidas estructurales.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, lamentó que las medidas aprobadas «se quedan cortas y no van tan lejos como nos gustaría», incidiendo en que «se debe de ser mucho más ambicioso para que no paguen los de siempre».

Por ello pidió impuestos especiales a eléctricas, banca y grandes fortunas, inspecciones para evitar manipulaciones de precios en las cadenas de producción, extender la prohibición de despidos y congelar los alquileres con moratoria de pago.

Desde el PNV, Aitor Esteban señaló que «un ‘no’ rotundo a este decreto es muy difícil de argumentar», ya que comparte la necesidad de adoptar medidas con urgencia. De lo contrario se podría caer «en un agujero del que sería muy difícil salir».

El diputado jeltzale incidió en que en que, a su juicio, el Gobierno no tendrá «gran dificultad» en superar la votación al decreto ley cuando llegue el momento de la convalidación, pero pidió al presidente español, Pedro Sánchez, que «no sea tan ‘llanero solitario’» y aborde «con tiempo y antelación» estas medidas para «ir todos juntos y con las ideas claras».