Iñaki IRIONDO
GASTEIZ

Tapia ve corregibles las diferencias entre sus planes y los de Arriola

El representante de EH Bildu Mikel Otero señaló ayer en el Parlamento las diferencias existentes en la planificación de energías renovables entre los proyectos del Departamento de Arantxa Tapia y los de la Consejería de Iñaki Arriola, pero la primera aseguró que las divergencias de esta «fase inicial» todavía «se pueden solucionar».

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Lakua, Arantxa Tapia, compareció ayer en una comisión parlamentaria, en la que el representante de EH Bildu Mikel Otero señaló las diferencias existentes en materia de energías renovables entre el Plan Territorial Sectorial que prepara su Departamento y el Plan de Actuación Territorial de Araba Central que está redactando la Consejería de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes que lidera Iñaki Arriola.

Arriola ha remitido recientemente a la Cámara de Gasteiz un avance de su plan que muestra una clara apuesta por la energía fotovoltaica, frente al incremento de parques eólicos. En concreto, recoge la habilitación de terrenos para dos plantas fotovoltaicas, una entre Miñao y Legutio y otra en la Llanada, en el entorno de Agurain. Sin embargo, en el avance del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables (PTS), que abandera la Consejería de Tapia, no se recoge esta posibilidad. Otero destacó el peligro de estas contradicciones, que podrían dar lugar a que se reserven suelos para proyectos que luego no coinciden.

Tapia sostuvo que en el Plan Territorial Parcial (PTP) de Arriola «estamos todavía al inicio del proceso». Señaló que «hay unos terrenos en los que ellos ven posibles unos proyectos y nosotros no», pero que «eso se puede solucionar». E incidió en que todavía tendrán que analizarse entre los dos departamentos y también con las diputaciones y los municipios.

El parlamentario de EH Bildu le respondió que el PTP de Arriola y su PTS están prácticamente en la misma fase. Le recordó que dentro de pocos días el Plan Territorial Parcial de Araba Central se presentará a los alcaldes de la zona y allí se les enseñarán los mapas de dónde se puede hacer qué. Y le preguntó a la consejera a qué deberán atenerse los ayuntamientos, si a un proyecto o al otro.

Tapia le respondió que el PTP de Arriola se expondrá ese día a los municipios y «estos podrán presentar también sus alegaciones». «¿O sólo se pueden presentar alegaciones a los de este Departamento?», preguntó la consejera en referencia a sus propios planes. Quedó en el aire ese interrogante sobre la actuación de los municipios, que en la zona están presididos por PNV y EH Bildu.

También hay diferencias sobre la energía eólica, puesto que mientras el EVE, dependiente de Tapia, ha hecho hasta cuatro nuevas propuestas de la mano de un consorcio con Iberdrola en Araba, el PTP aboga por potenciar los parques eólicos existentes, reduciendo a la mitad el número de molinos, pero aumentando su potencia. Según la consejera, esa «repotenciación» dependería de las empresas concesionarias y no de los planes gubernamentales.

PTS, para agosto de 2023

Otero también puso sobre la mesa que en 2009 el Parlamento pidió por unanimidad que se hiciera un PTS nuevo para la energía eólica, que era la demanda que estaba en vigor cuando en 2012 Arantxa Tapia llegó al Gobierno de Lakua. Después, en 2018, se acordó que el PTS no fuera solo para la energía eólica, sino para todas las renovables, y en 2019 se le dio al Ejecutivo un plazo de dos años para presentarlo, dado que el de 2002 está «políticamente muerto» y el avance del nuevo lo considera «bloqueado».

Tapia respondió que el de 2002 sigue en vigor, porque en 2009, el Parlamento suspendió la tramitación de los parques eólicos previstos, pero no anuló la PTS, por lo que hay seguridad jurídica para los nuevos planes, ya que «esto no es la ley de la selva». Sin embargo, Otero le recordó que los PTS se redactan para un periodo de 16 años, por lo que el de 2002 caducó en 2018.

En cualquier caso, Tapia reconoció el retraso en la redacción del nuevo Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, que achacó a las elecciones, a la pandemia y a que hay que dar los pasos ofreciendo seguridad jurídica en cada uno de ellos. Avanzó que la versión inicial estará acabada para junio de este año y espera que el documento final se pueda publicar en el BOPV en agosto de 2023. Esto supondría que llegaría con dos años y medio de retraso sobre la petición del Parlamento.

¿PIPS eólicos? De entrada, no

Otro de los aspectos que sobrevoló la comparencia es que Lakua pueda estar pensando en imponer parques eólicos en determinados lugares, fuera de planteamientos generales, utilizando los Proyectos de Interés Público Superior (PIPS), introducidos en nuevas normas a través de la llamada «Ley Tapia» y que todavía prevé una ampliación futura a proyectos también privados.

La consejera respondió en un primer momento que, «si de verdad queremos acelerar proyectos renovables, los PIPS pueden ser un instrumento que quizá puede ser necesario», aunque aclaró que «en este momento no estamos hablando de esto».

Poco después incidió en que el Ejecutivo no tiene previsto ningún PIPS para energías renovables, a lo que añadió: «Pero si existiera, que no lo hay, un proyecto no del Gobierno sino del Ente Vasco de la Energía [dependiente de su Consejería] en su totalidad, que fuera bueno para un municipio, ¿cuál sería el problema? Creo que tenemos que reflexionar un paso más allá».

Gas en Subilla, caso cerrado

Otro punto del orden del día fue el referido a la exploración y explotación del gas del subsuelo de Subilla (Gasteiz) y el hecho de que el Gobierno sigue pleiteando sobre esta materia. La consejera repitió que «es un debate cerrado». Con la aprobación de la Ley de Cambio Climático no hay posibilidad de explotación y, por lo tanto, tampoco de exploración.

Apuntó que el contencioso judicial con el Ayuntamiento de Gasteiz se mantiene para preservar la posición de la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) ante el Ministerio y sus socios, y no incurrir en un perjuicio patrimonial, que no llegó a cuantificar.

EH Bildu sostuvo que existen alternativas contractuales para ello y, junto a Elkarrekin Podemos-IU, defendió desmantelar la sociedad Shesa para no seguir incrementando el «agujero» que está haciendo año a año a las cuentas públicas.