El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada acaba de presentar su informe sobre México y las conclusiones resultan estremecedoras. El país azteca está a punto de sobrepasar la cifra de los 100.000 desaparecidos, prácticamente todos en los últimos quince años. En la actualidad, el país tiene en sus morgues 52.000 cuerpos sin identificar, más de la mitad de las personas desaparecidas. Frente a estos números, la cantidad de sentencias condenatorias por desapariciones suman un total de 36, una cifra absolutamente ridícula que muestra la impunidad que envuelve a este tipo de actuaciones criminales en México.

El informe profundiza en las causas de esta violencia y señala que los perfiles de las personas desaparecidas son tan variados que no se puede hablar de un solo patrón. La situación actual, por tanto, nada tiene que ver con las desapariciones por motivación política del siglo pasado. Sitúa su génesis en la guerra contra el narcotráfico que lanzó el presidente Felipe Calderón en 2006 y que llevó al Ejercito a la calle. Es precisamente este tipo de enfoque militar aplicado a la resolución de cuestiones sociales el que provoca que la violencia se multiplique y que se convierta en habitual la conculcación de los derechos humanos. Es por ello que, aunque el informe reparte la responsabilidad de las desapariciones entre la delincuencia organizada –con diversas formas de connivencia y participación de servidores públicos–, y la intervención directa de servidores públicos, la responsabilidad del Estado mexicano sobresale en ambos lados de la ecuación. Por no mencionar la desidia institucional de no investigar cada caso y buscar a las personas desaparecidas.

Es importante que el Gobierno y los poderes del Estado mexicano atiendan las recomendaciones de los expertos y de las víctimas, desmilitarizando la seguridad pública y atajando la impunidad. La seguridad solo se puede construir desde el respeto a los derechos humanos y la justicia.