Una casa en Srinagar, la principal ciudad de la Cachemira adminstrada por India, se convirtió el domingo en la primera propiedad privada en pasar a manos de la Policía tras ser requisada después de un tiroteo en el que murieron dos insurgentes. La medida ha generado indignación.

«Requisaremos todas las propiedades de la gente cuando haya un encuentro (término usado para los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad e insurgentes), o la propiedad haya sido usada como un escondite por los terroristas», advirtió el inspector general de Policía, Vijay Kumar.

Las autoridades afirman que solo se requisarán hogares y otras propiedades privadas cuando se haya «probado más allá de cualquier duda» que los lugareños estaban refugiando «voluntariamente» a insurgentes que forman parte del movimiento que reivindica la independencia o la adhesión al vecino Pakistán.

Un oficial de Policía aseguró a Efe que «hay muchas medidas para ocultar la identidad» de las personas que denuncien la presencia de insurgentes para evitar que se requise su propiedad.

Sin embargo, en una región de mayoría musulmana marcada por la violencia desde hace décadas, residentes y activistas denuncian que esta medida solo logrará implicar todavía más a los civiles en el conflicto.

«Es un intento de arrastrar a gente normal al conflicto armado» y «coaccionarlos» para convertirlos en informantes de la Policía, señaló un activista desde el anonimato.

La Cachemira administrada por India lleva tres décadas asistiendo a una rebelión armada de carácter independentista, calificada como «terrorista» por Nueva Delhi, en la que han muerto decenas de miles de personas desde 1989, la mayoría civiles.

Los choques suelen desembocar en tiroteos, con el uso de armamento pesado por parte de las fuerzas de seguridad contra las viviendas, para eviar riesgos para sus efectivos y con el objetivo de matar u obligar a rendirse a los insurgentes, provocando graves daños a los inmuebles.

Tanto activistas como residentes denuncian que es una forma de castigo contra la población civil, que ve cómo a menudo sus casas son derruidas.

«Vivo con unos familiares junto a mi mujer y mis dos hijos desde que mi casa fue destruida por el Ejército durante un tiroteo a principios de 2020», lamentó Bhat, residente del distrito sureño de Kulgam que pidió ser identificado solo por su apellido. Explicó que los dos insurgentes abatidos habían entrado en su casa seguramente al huir de las fuerzas de seguridad.

En octubre de 2021, fuerzas gubernamentales detonaron un edificio en la zona de Pampore, cercana a Srinagar, matando a un comandante insurgente. «Todavía no hemos podido recuperarnos del enorme daño colateral (económico) causado por el tiroteo», dijo un familiar de los propietarios del edificio.

Otro residente del distrito de Shopian, Sheikh, aseguró que las fuerzas de seguridad eligen demoler o incendiar casas cuando podrían recurrir a otros métodos. «Pueden usar gases lacrimógenos contra los insurgentes atrincherados, pero utilizan fuego directo y munición», denunció Sheikh, que perdió su casa de tres pisos en 2019.

No hay datos oficiales de las propiedades privadas dañadas, pero a veces las consecuencias van mas allá de la destrucción de hogares y algunos residentes han sido condenados a prisión tras los tiroteos en sus hogares.

Región disputada

Cachemira es una de las pocas regiones bajo administración india con mayoría musulmana y tanto India como Pakistán reclaman su completa soberanía desde su independencia y la partición del subcontinente en 1947.

La tensión aumentó cuando Nueva Delhi revocó el estatus de semiautonomía de la Cachemira india en agosto de 2019, partiendo el estado en dos territorios controlados directamente por el Gobierno central e imponiendo restricciones sin precedentes durante meses.

Las autoridades indias afirman que la violencia se ha reducido desde entonces, pero en los primeros tres meses de 2022 murieron 42 insurgentes en el valle, según la Policía.