Miles de personas abarrotan las estaciones de autobuses de Huixtla, en el sur de México, para adquirir un billete de bus que les acerque a la frontera con EEUU. La mayoría opta por ir primero a Ciudad de México y de allí partir hacia Saltillo o Monterrey para intentar entrar a EEUU por la frontera de Acuña o Piedras Negras, cruzando el Río Bravo. Todas ellas formaban parte de la nueva caravana migrante, que fue disuelta el pasado fin de semana tras una decisión insospechada del Instituto Nacional de Migración: otorgar a sus 7.000 integrantes que partieron de Tapachula el 6 de junio un salvoconducto para permanecer legalmente durante 30 días en el país azteca.

Es tiempo suficiente para alcanzar la frontera con EEUU evitando, en teoría, que agentes de Migración y de la Guardia Nacional puedan detenerlos en su camino. Los migrantes muestran con orgullo la denominada Forma Migratoria Múltiple que recibieron en la aduana de Huixtla y con la que confían en poder recorrer sin problemas 3.000 kilómetros. Todos han hecho varias copias del ansiado documento con el que creen que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha apiadado de ellos para que lleguen tranquilamente a la frontera norte.

Sin embargo, la verdadera intención del Ejecutivo era disolver la caravana para impedir que sucediera lo que ocurrió en 2018 cuando una marea humana de más de 7.000 personas llegó a Tijuana sin contratiempos y de allí muchas personas lograron cruzar el muro hacia EEUU. El colapso del centro de detención de migrantes en San Diego fue tal que el Gobierno estadounidense no dio abasto para gestionar las peticiones de asilo, por lo que muchas personas de aquella caravana consiguieron la libertad a los pocos días y aún continúan en ese país a la espera de que se resuelva su caso y un juez determine si son deportados o no.

Desde entonces, ninguna caravana se ha acercado mínimamente a EEUU, ya que tanto las autoridades de Guatemala, como las de México, se afanaron en reprimirlas con violencia y detener a sus integrantes para deportarlos. Ahora no ha sido así. La primera diferencia es que la mayoría de personas provenían de Venezuela y no de Honduras, como sucedió con la primera caravana de 2018, aunque también había migrantes de ese país y de una veintena de nacionalidades más, entre ellas, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

FRUTO DE LA DESESPERACIÓN

La mayoría llevaba meses en Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala, a la espera de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados les diera una visa humanitaria de un año para permanecer en el país o intentar llegar a EEUU sin ser detenidos. Sin embargo, la saturación de peticiones colapsó el sistema y los migrantes se desesperaron. Por ello, como modo de presión a la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, conformaron una nueva caravana que solo llegó a Mapastepeq, en Chiapas, a casi 2.000 kilómetros de la capital. Allí se instalaron miles de personas con la intención de seguir avanzando, aunque sorpresivamente, el Instituto Nacional de Migración les envió una veintena de buses en los que fueron trasladados a la aduana de Huixtla para recibir el salvoconducto. En principio, este documento les da un plazo de 30 días para poder viajar a Ciudad de México a tramitar su visa humanitaria o para abandonar el país.

Sin embargo, la inmensa mayoría de los migrantes no quiere ninguna de esas opciones, sino que, en lugar de regresar a sus países de origen o quedarse en la capital esperando la visa humanitaria, están aprovechando la oportunidad para subir al norte en autobús. Lo están haciendo en pequeños grupos y no como caravana, quedando las personas migrantes en total vulnerabilidad en la zona fronteriza con EEUU controlada por el crimen organizado. Además, la propia Casa del Migrante en Saltillo ha denunciado que «la Policía del estado de Coahuila y el Instituto Nacional de Migración aterrorizan a personas migrantes en la central de autobuses» impidiendo que continúen su camino, pese a contar con el salvoconducto. Los propios migrantes comparten vídeos en los que se ve cómo son bajados de los autobuses en retenes de la Guardia Nacional que les bloquea su viaje hacia el norte, por lo que optan por ir a pie hasta la frontera .

De la caravana migrante ya solo queda un escaso grupo de personas acampando en un campo de fútbol de Huixtla, donde espera bajo una intensa lluvia que sus familiares les envíen el dinero para emprender su viaje hacia EEUU. El resto inició camino en cuanto tuvo en sus manos el citado salvoconducto.

Fernando Salazar, un hondureño de 22 años, calcula que necesita 3.000 pesos mexicanos (185 euros) para llegar a Piedras Negras y de ahí cruzar el río Bravo hasta Eagle Pass, en Texas. Reconoce que la caravana «ya ha terminado», tras obtener sus integrantes un «permiso para viajar legal por todo México». Por eso, dice, «todo el mundo está agarrando autobuses hacia el norte». Salazar explica que viaja hacia EEUU para reencontrarse con su hijo de un año y medio que nació en ese país cuando él emigró con su pareja embarazada. Tanto el niño como su madre lograron quedarse en Texas, pero él fue deportado, por lo que vio en la caravana una oportunidad para intentar volver.

Pero teme que EEUU aplique a los migrantes hondureños el denominado Título 42, que no permite solicitar asilo. Es una norma evocada por el expresidente Donald Trump en marzo de 2020, que permite negar la entrada a quienes sean considerados un peligro para la salud pública. Joe Biden ha seguido aplicándolo para evitar la propagación del coronavirus. Este año decidió eliminar esta norma; sin embargo, le fue imposible, dado que un juez federal de Luisiana suspendió la intención del Gobierno de EEUU de volver a la situación anterior en la que los migrantes podían solicitar asilo, su única esperanza para dejar atrás sus países carcomidos por la miseria y la violencia.

Daniela Alejandra Celis, procedente de Venezuela, asegura que ha recorrido ocho países buscando darle una vida mejor a su hija de cinco años que viaja con ella. «Nadie quiere salir de su país si se tuvieran las oportunidades de crecer y avanzar en la tierra de una con su familia, pero en vista de que nos cierran las puertas en todos lados, buscamos la manera de salir adelante para no quedarnos estancados», subraya. Tras lograr el salvoconducto, Celis espera un autobús que le lleve a Pijijiapan y de allí dirigirse a Chicago para iniciar una nueva vida. «La gente dirá que para qué se van y para qué se llevan a sus hijos, pero si nos cierran todas las puertas, cómo lo hacemos si no podemos ni tener un pasaporte porque vale un dineral y para obtenerlo hay que esperar dos años en los que me muero prácticamente de hambre en mi país», lamenta.

PUEBLOS SANGRIENTOS

Otro hondureño, Víctor Amado Sánchez Ordóñez, señala que en Mapastepeq «se acaba la caravana» y, a partir de ahora, continúan en solitario para «alcanzar el sueño americano, porque allá hay buena paga y valoran el trabajo al obrero; por eso buscamos ir a ese país para tener mejores oportunidades». «Vivimos en pueblos muy sangrientos y muy corruptos donde las autoridades hacen lo que quieren y no se puede vivir, y buscamos vivir en lugares más seguros, por eso las familias tienen que dividirse y emigrar para darle una buena vida a los hijos», defiende Sánchez, quien pretende llegar a Dallas, donde tiene varios hermanos. «Ahí está el negocio del emigrante: mandar remesas a su país para que su familia viva bien», afirma.

La decisión del Gobierno de México de otorgar un salvoconducto a los integrantes de la caravana coincide con un demoledor análisis de Human Rights Watch, que revela que los migrantes y solicitantes de asilo que ingresan a ese país por la frontera sur «enfrentan abusos y dificultades para obtener protección o estatus legal como resultado de las políticas migratorias destinadas a impedir que lleguen a EEUU». Así, censura que las peticiones de condición de refugiado y los arrestos de migrantes en México «han aumentado de manera dramática mientras el presidente estadounidense, Joe Biden, ha continuado negando el acceso al asilo en la frontera sur de EEUU y ha presionado al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a intensificar los esfuerzos para detener la migración».

Sin embargo, esta alianza no desincentiva los sueños de miles de personas que en estos momentos cruzan México en bus con un papel en la mano con el que confían poder alcanzar, sin que nadie los detenga, el país donde confían en lograr una vida mejor. El venezolano Juan José Varela resume así el sentir de quienes buscan llegar como sea a EEUU: «El sueño americano lo tenemos presente y vivo día a día cuando nos despertamos, y la meta es llegar allá para hacerlo realidad».