Aunque no había excesivas expectativas sobre la reunión ayer entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el catalán, Pere Aragonès, se acordó el retorno de la mesa de diálogo entre ambos Ejecutivos este mismo mes de julio en Madrid, poniendo fecha al compromiso adquirido el pasado 8 de julio.

La portavoz del Ejecutivo español, Isabel Rodríguez, dejó caer que es posible que haya algún acuerdo avanzado toda vez que en los últimos meses ambas partes han dado a entender que solo se sentarían si tiene un efecto real. «Hay un fondo de trabajo, pero queda determinarlo», señaló lacónicamente Rodríguez.

«Son muchos los temas que estamos trabajando» y «pueden imaginarse que algunos están avanzados», añadió, ante la insistencia de los periodistas. Explicó que las diferencias son ya conocidas y grandes, y aludió a que el Gobierno defiende el Título VIII de la Constitución (que regula la organización territorial del Estado).

Aragonès, por su parte, afirmó que quiere «hechos y no palabras, desde esta mesa». La reunión llegó marcada por dos nuevos embates judiciales contra las fuerzas independentistas la víspera, con el aval del Abogado General de la UE al relanzamiento de las euroórdenes contra Carles Puigdemont y el resto de exiliados y la petición fiscal de seis años de cárcel para Laura Borràs.

El president catalán ubicó el objetivo de desjudicialización en esa mesa, aunque dejó claro que el conflicto no se va a resolver si no se deja decidir a la ciudadanía catalana. «La represión es una piedra en el camino de la resolución de ese conflicto político», resumió.