La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) multó a 6 grandes constructoras que con una más forman el llamado “G7” y que desde 1992 se reunían para repartirse contratos públicos. Estas seis, más la séptima, que ya fue castigada en 2014, copan 15 de los 17 tramos del ramal guipuzcoano del TAV construido por Lakua.

Ante esta situación, de la que informó GARA el 21 de julio, EH Bildu presentó ayer una proposición no de ley para pedir a Lakua que, por un lado, investigue hasta dónde llegan esas prácticas fraudulentas y, por otro, tome las medidas precisas para prohibir a esas compañías participar en licitaciones públicas, y si esa prohibición no es posible legalmente, que incluya alguna cláusula para penalizar a empresas sancionadas por esas prácticas fraudulentas o, en sentido contrario, dar más puntos a las que tengan limpio su expediente. «El Parlamento debe ir más allá de una mera declaración de rechazo», afirmó el parlamentario Josu Estarrona.

Su compañero de grupo Unai Fernández de Betoño, por su parte, recordó que la CNMC ha investigado al grupo “G7” (Acciona, Dragados, Ferrovial, OHL, Sacyr, FCC y Corsán-Corviam) y ha multado a las seis primeras, aunque denunció que la sanción les ha salido barata: «Para esas grandes constructoras una multa nula de 204 millones es calderilla en comparación con los beneficios que obtienen».

Cabe tener en cuenta que la constructora Corsán-Corviam, que en esta ocasión no fue multada, también tiene graves antecedentes. En 2014 la Guardia Civil llevó a cabo una operación en la que detuvo a nueve altos cargos de Adif y de la empresa Isolux Corsán-Corviam, por alterar al alza precios de tramos del AVE en Barcelona. Corsán sobornaba a directivos de Adif.

Una quincena en la CAV.

Según explicó Unai Fernández de Betoño, de los contratos en los que la CNMC ha encontrado las ilegalidades por las que han sido multadas las constructoras, unas quince se han formalizado con instituciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. Por ello, el parlamentario de EH Bildu ve necesario analizar los expedientes de esos contratos.

En la rueda de prensa, mencionó que EH Bildu ha pedido al Gobierno más información sobre dos proyectos que aparecen en el informe del CNMC. Por un lado, la obra de la variante ferroviaria de Ermua, contratada por Euskal Trenbide Sarea (ETS) a la empresa Tecsa, del grupo Dragados, y con una cuantificación económica de 25 millones de euros. El otro proyecto es el del colector de la ría de Mundaka, encargado por URA a la multada OHL por 16 millones. Han solicitado al Ejecutivo datos sobre qué otras empresas se presentaron a esos concursos, para ver si se pudo dar una concertación en el “G7”.

Cabe recordar que la multa de la CNMC se debió, entre otras cosas, a que, según los datos obtenidos durante su investigación, nada menos que desde 1992, estas compañías se reunían semanalmente y decidían los contratos públicos en que iban a compartir trabajos técnicos de sus ofertas.

«Esas obras y las del TAV han sido realizados por empresas del grupo G7, lo que nos parece muy preocupante. El Gobierno tiene que explicar si es una casualidad y, si no lo es, si va a abrir una investigación», afirma EH Bildu.

La AVC, cuestionada.

Dada la dimensión de la actividad del “G7” en la CAV, Josu Estarrona cuestionó la labor que está realizando la Autoridad Vasca de la Competencia. «Parece que está totalmente fuera de juego. Este caso del G7 pone de manifiesto una vez más la falta de recursos suficientes en la CAV para combatir la corrupción, los abusos y las prácticas inadecuadas. Por eso no se puede entender que PNV y PSE se negaran a poner más medios para acabar con las prácticas corruptas, tan perjudiciales para la sociedad».

Estarrona dijo esperar que «a partir de ahora tengan una actitud diferente y dejen de mirar a otro lado; hay que tomar medidas para que estos casos no vuelvan a pasar porque no hacer nada no es una opción», afirmaron los parlamentarios de EH Bildu.