El Gobierno español y la Generalitat de Catalunya sellaron ayer dos acuerdos para «superar la judicialización de la política» y para «impulsar y proteger la lengua catalana». Así lo anunciaron el ministro español de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, en sendas comparecencias tras la reunión de la mesa de diálogo.

En lo referente al primer acuerdo, Bolaños señaló que la superación de la judicialización ha de venir de dos vías, destacando que «la eventual mejora del marco normativo se ha de producir a través del diálogo, del acuerdo y los establecimientos de reforma que ya están establecidos». «La segunda vía para superar la judicialización es la renuncia a acciones que saquen la política fuera de las reglas del juego democrático», añadió.

No obstante, el ministro no quiso avanzar si el acuerdo incluye la derogación de los delitos de rebelión y sedición, sobre los que se basaron las imputaciones y las condenas a los políticos catalanes que participaron en el procés.

En este sentido, Vilagrà precisó que «el acuerdo prevé que antes de que acabe el año tiene que haber reformas legislativas que hagan efectivo este fin de la judicialización».

Incidió en que es necesario «evitar la judicialización y superar la represión que se está produciendo con prisión, con exilio, con inhabilitaciones, multas... La estrategia de judicialización persistente ha enquistado el conflicto político y ha servido para agudizarlo, generando nuevas víctimas».

Lengua catalana

Sobre la lengua catalana, Bolaños aseveró que van a «favorecer una perspectiva lingüística de las políticas, de la legislación y de las instituciones». «Vamos a impulsar y proyectar la diversidad lingüística en el ámbito internacional, lo que quiere decir que vamos a solicitar al Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso en el pleno», añadió.

Vilagrà, por su parte, denunció de que el catalán «estaba viviendo un proceso de judicialización obstinada por parte de diferentes sectores».