En 2022, en el Estado español sigue rigiendo una Ley de Secretos Oficiales netamente franquista, de 1968. La flagrante anomalía empieza a corregirse 47 años después de la muerte del dictador, pero no dará pie a una norma de estándar europeo, en las que hay plazos de desclasificación de documentos que habitualmente oscilan entre los 10 y 30 años en los casos de «altos secretos». El Consejo de Ministros aprobó ayer una fórmula que por primera vez sí establece esos plazos, pero los estira hasta 50 años prorrogables a 15 más en los casos considerados de especial sensibilidad «para la seguridad del Estado».

Además, según especificó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se trata de unos plazos «revisables», lo cual deja abierta la puerta a la perpetuación del secreto en carpetas sensibles para el Estado.

En la práctica, esto viene a suponer que los documentos que afecten a la principal trama de terrorismo de Estado en Euskal Herria, los GAL, pueden no ser desclasificados hasta entre 2048 y 2052, otro cuarto de siglo más. Hasta entonces, para encontrar luz al respecto habrá que recurrir a documentos secretos ya revelados en otros Estados, como es el caso de los papeles de la CIA que apuntaban a Felipe González como la persona que avaló al menos la creación de los GAL. «Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas», puede leerse en uno de ellos,.

El levantamiento de secretos oficiales es visto hoy por muchas víctimas vascas de la guerra sucia como la posibilidad más factible de llegar a conocer la verdad, dada la patente inacción judicial.

Con la ley franquista en la mano, los Consejos de Ministros tenían la facultad de promover desclasificaciones, pero ni los de la UCD ni los del PP ni los del PSOE la han ejercido. Fueron significativas las evasivas del actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando se planteó en el Congreso esta posibilidad en el caso del audio de Intxaurrondo que aportaba datos sobre Mikel Zabalza, Joxean Lasa y Joxi Zabala.

En teoría también los tribunales pueden reclamar estas desclasificaciones, pero hay muy pocos precedentes; el más sonado, el caso de los llamados «papeles del Cesid» en 1997, tras un intenso debate en el TS. En 54 años de vigencia, solo ha habido ocho desclasificaciones y esta ha sido la única relativa a la guerra sucia en Euskal Herria. La pasada semana la Audiencia Nacional se dirigió al Gobierno de Sánchez para pedirle que levante el secreto de algunos documentos sobre el «caso Pegasus». Si se produce, sería la novena vez.

Plazos por vez primera

Ante la doble inacción de los poderes Ejecutivo y Judicial, la novedad de la nueva ley es que introducirá plazos de desclasificación, como ocurre en muchos lugares. Así se ha decidido tras años de debate interno en el Ejecutivo, que llegó al cargo en 2018 con esta promesa en su programa pero ha tardado cuatro años en definirla.

Esa es la cara de la moneda. Pero en la cruz están los plazos, muy extensos. Se fijan concretamente cuatro categorías de clasificación (restringido, confidencial, secreto y alto secreto). Y para las de alto secreto se fija un plazo de opacidad de 50 años extensible a otros 15 si así lo determina el Gobierno. La desclasificación, además, podrá ser parcial, manteniendo ocultos algunos párrafos (algo que realmente es también habitual en otros Estados) y los plazos, como se ha dicho, son «revisables».

La decisión se ha tomado tras un proceso en el que paulatinamente ha ido tomando protagonismo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en lugar de la de Defensa, Margarita Robles. Y en el que los plazos para los documentos más «sensibles» -léase peligrosos- para el Estado han pasado de los 35 previstos inicialmente hasta estos 65. No es un mero retoque: para entenderlo en la práctica, en el primero de los casos se podrían conocer ya (cuando se apruebe la ley) los documentos secretos anteriores a 1987, mientras que con la redacción final quedarán tapados los posteriores a 1962. Es decir, en esa fase previa de discusión en el Ejecutivo se ha pasado de poder acceder a posibles interioridades sobre los GAL cuando se apruebe la ley a no poder conocer siquiera la represión aplicada por el franquismo en Euskal Herria durante la mayor parte de los 60.

Diferencias entre los socios

Unidas Podemos no está conforme con el anteproyecto, según se filtró antes del Consejo de Ministros, y podría plantearse no apoyarla en la tramitación parlamentaria y descolgarse nuevamente de una ley del Gobierno de coalición.

Así lo aseguraron a Efe fuentes de la formación. Aunque hay margen para la negociación, esta nueva legislación podría desencadenar el enésimo choque en el Ejecutivo.

Desde el PNV, Aitor Esteban, portavoz en el Congreso, valoró que el anteproyecto llega «muy tarde», dudó de que pueda entrar en vigor esta legislatura, y consideró «exageradamente largos» y «bastante decepcionantes» los plazos previstos para la desclasificación de documentos.

EH Bildu considera que la propuesta presentada por «la parte socialista del Ejecutivo no cumple con la palabra dada por el Gobierno ni responde a las demandas que desde Euskal Herria han realizado durante décadas tanto la sociedad vasca como los partidos y asociaciones memorialistas en aras a conocer la verdad y buscar justicia en los numerosos episodios que aún siguen bajo el manto de la impunidad».

Advirtió de que de aprobarse seguirán sin ser aclarados «casos flagrantes de vulneraciones de derechos ocurridos en Euskal Herria, como los GAL, la práctica sistemática de la tortura o sucesos como los del 3 de Marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz o los de San Fermines del 78», e instó al Ejecutivo español a «rectificar» su propuesta y plantear una reforma «que aborde lo ocurrido desde la transparencia, el reconocimiento y la verdad sobre todos los casos de vulneración de derechos y libertades que conciernan al Estado español y a sus aparatos desde el franquismo hasta el día de hoy».