Las disposiciones incluidas en el segundo paquete de medidas en favor del poder adquisitivo adoptadas por el Parlamento francés hace quince días entraron en vigor el lunes. No obstante, al ser día festivo, fue ayer cuando las familias de Nafarroa Beherea, Lapurdi y Zuberoa recibieron en sus cuentas corrientes la ARS, una ayuda que favorecerá en el arranque del nuevo curso a tres millones de familias en el conjunto del Estado francés.

Esa prima, de cuyo abono se encarga la caja de ayuda a las familias (Caf), existe desde 1974, una fecha que remite a otro periodo convulso, el de la primera crisis del petróleo.

Destinada a aliviar el impacto de la vuelta a las aulas en la economía doméstica, en este ya cercano arranque de curso -los chavales de Ipar Euskal Herria volverán a clase el 1 de setiembre- cobra un sentido especial, dados los efectos de la inflación, que en julio alcanzó el 6,1%.

Fue el pasado 4 de agosto cuando la Asamblea Nacional gala aprobó el segundo plan anti inflación, en el que figuran diversas medidas, entre ellas esa subida del 4% de la ARS que ya fue objeto de revalorización ordinaria, a la altura de un 1,8%, el pasado 1 de abril.

Tras la nueva revisión al alza de la ayuda, las familias recibirán este año una subvención de entre 392 y 430 euros.

Un pago en doble plazo

ha sido la fórmula elegida para abonar la ayuda, toda vez que el aumento de la ARS se acordó con retraso. Así las cosas, ayer se abonó la cantidad ordinaria y ese aumento del 4% se ingresará a principios de setiembre. La Federación de Consejos de Padres de Alumnos (FCPE), que ya al final del curso escolar, en junio, lanzó la voz de alarma sobre el impacto de la subida de los precio de los materiales escolares, ha considerado ese aumento de la ayuda «tan necesario como insuficiente».

Según sus estimaciones, las familias recibirán de media unos 15 euros más, «un aumento ínfimo», en opinión de la FCPE. Otra asociación, Famille de France, hacía constar ayer que la factura de arranque de curso será un 4,25% más cara que en 2021, y cuantificaba en 208 euros el costo medio a asumir por los progenitores de un alumno o alumna que entre este año en enseñanza secundaria.

«El aumento de la ARS es insuficiente si se tiene en cuenta que la gran distribución reconoce que los materiales escolares van a aumentar su precio entre un 20 y un 25% con respecto al curso precedente», se quejaba Éric Labastie, secretario general de la FCPE, en declaraciones reproducidas ayer por diferentes medios de comunicación franceses.

En esta situación, Labastie insistía en marcar como objetivo la «gratuidad de la enseñanza pública», haciendo hincapié en que, aunque esa lista de materiales que pasan los centros de enseñanza antes del arranque de cada curso implica el desembolso más temido por las familias, también hay otras facturas que pesan sobremanera en el presupuesto doméstico, como es el caso de las relativas al transporte y al comedor escolar.

Defendía, en este sentido, que el Estado asuma el costo de los gastos obligatorios, a fin de que «no se produzcan discriminaciones» ya que, según remarcaba el portavoz de la FCPE, en la actualidad algunas colectividades territoriales contemplan subvenciones a esas compras de materiales o al comedor que en algunos casos van hasta la gratuidad, lo que hace que la situación sea muy dispar en función del lugar de residencia.

Durante el debate en la Asamblea Nacional francesa no prosperó la propuesta de gratuidad del comedor escolar que defendió la oposición de izquierda. Fue una de las razones que llevó a la Nupes a votar en contra de ese segundo paquete de medidas que el Gobierno sacó adelante con el apoyo de la mayoría de los parlamentarios de la derecha de Les Républicains (LR) y la abstención de la ultraderecha.

Otras medidas en vigor

desde ayer son las destinadas a impulsar la transición en materia de transporte. Hasta la fecha, la subvención básica por la adquisición de una bicicleta eléctrica era de 200 euros y desde ahora y hasta el 31 de diciembre se fijará en 300 euros.

Las personas con bajos ingresos o con discapacidades que opten por dejar el vehículo a combustible para adquirir una bicicleta eléctrica podrán acogerse a una nueva prima a la reconversión que puede alcanzar, según los casos, hasta los 3.000 euros, frente a los 1.500 euros de ayuda a los que pueden aspirar los demás ciudadanos. Como novedad, la ayuda estatal se podrá acumular con descuentos ya aplicados por otras instituciones.