Solo el 1% de las viviendas que uno de los principales portales inmobiliarios del Estado español alquila en Donostia está por debajo de los 750 euros al mes. Las cifras no son mucho mejores en el resto de capitales vascas. Hay que ser prudentes ante estos datos, pues son los de un operador privado con intereses propios, pero no hay duda de que coincide con la experiencia de las miles de personas -jóvenes, migrantes y otros colectivos de rentas bajas, principalmente- que tratan en vano de acceder a un alquiler sin tener que dedicar a ello un tercio o más de su salario.

Tradicionalmente, en un mercado distorsionado que favorece la vivienda en propiedad al alquiler -«Queremos un país de propietarios, no de proletarios», dijo el bilbaíno ministro franquista José Luis Arrese en los 60-, rentar una casa se ha considerado un paso previo, transitorio, a la compra. El informe elaborado al otro lado del Bidasoa por el Observatorio del Alquiler Privado, sin embargo, advierte de que esa lógica se está resintiendo, al menos en Ipar Euskal Herria: pese al alza de los alquileres, muchos inquilinos alargan los contratos ante la dificultad de acceder a la propiedad. Es fácil pensar que también está ocurriendo al sur de los Pirineos, dado que el sector en el que más ha subido el IPC durante el último año ha sido el de la vivienda -un 30% en Nafarroa y 26% en la CAV-, a lo que hay que sumar el encarecimiento de las hipotecas debido a la subida de intereses decretada por el BCE.

La dificultad en el acceso a la vivienda es un problema estructural que repunta en tiempos de crisis. Ocurrió tras la debacle financiera de 2008, pero la lección no parece haberse aprendido: encima de la mesa están todos los ingredientes para que vuelva a ocurrir. No solo es un problema cuantitativo -cada vez a más gente le cuesta acceder a una vivienda-, sino que es sobre todo cualitativo, ya que las personas afectadas son las más vulnerables. Intervenir sobre el mercado inmobiliario con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda no solo es posible -como demostró la Ley de alquileres de Catalunya antes de que el Tribunal Constitucional la tumbara-, sino también urgente y necesario.