El 18 de octubre de 1997, hace 25 años, ELA celebró un acto en Gernika con una clara conclusión politica: «el Estatuto (de autonomía) ha muerto». Unos días antes, el vicepresidente del Gobierno español había afirmado que el INEM y la Seguridad Social no se transferirían «ni en esta vida ni en la otra». En aquel acto, ELA abandonó el carril estatutista que había recorrido desde los años 30, para incorporarse al soberanismo.

Desde entonces, al incumplimiento de aquellas transferencias pendientes se ha sumado una auténtica involución para vaciar y limitar aún más las competencias existentes. La normativa básica estatal y la doctrina del Tribunal Constitucional han constituido el modus operandi del Estado para limitar el autogobierno vasco. Una ofensiva jurídica y política que no ha cesado desde que se aprobó el Estatuto, en materias clave como vivienda, salud, educación y euskara.

El propio Gobierno Vasco, en su publicación “La erosión silenciosa”, lo ha reconocido así: «No hay compuerta ni freno autonómico que pueda contraponerse desde la perspectiva jurídico-competencial». Demoledor.

Hace mucho tiempo que la CAPV y Nafarroa carecen de competencias exclusivas y de seguridad jurídica en todos los capítulos del autogobierno. Lo afirmado hace veinticinco años en Gernika por Joxe Elorrieta no fue solo acertado sino, por desgracia, premonitorio.

Por ello, resulta aún más grave que quienes han gestionado el poder autonómico desde 1979 oculten a la gente lo que está sucediendo. Defender a día de hoy la existencia de una bilateralidad, como recuerda permanentemente el lehendakari Urkullu, es ignorar un principio de realidad tan evidente como preocupante.

«La camisa de fuerza». Quienes compartimos que nuestras naciones no tienen futuro en el marco del Estado, tenemos que hablar, discutir y hallar puntos de encuentro. Lo primero, lo más importante, es no ocultar a la gente lo que sucede.

Se sigue gobernando y hablando como si las decisiones importantes se tomasen aquí, sin efectuar una mínima denuncia política. En palabras del consejero Azpiazu: «La Ley (española) de Estabilidad Presupuestaria es una camisa de fuerza, pero nosotros estamos de acuerdo»; u otra de hace un par de semanas: «Se aplicará a los funcionarios vascos la subida salarial que se decida en Madrid». Son muestras de una pérdida de tensión intolerable para quien se declara abertzale, y obvia que esas limitaciones se fijan en los Presupuestos del Estado que los partidos vascos han aprobado.

El hecho, por ejemplo, de que el actual presidente Sánchez precise del apoyo parlamentario de organizaciones soberanistas no debe hacernos perder de vista el compromiso del PSOE con el llamado régimen del 78, como se comprobó en su apoyo al llamado pacto antiterrorista, en la recomposición de la crisis monárquica de 2014 o en el apoyo al 155 en Cataluña.

Han pasado muchas cosas desde 1997. El Estado ha impedido además dos intentos de modificación del estatus que a priori eran acordes con la Constitución: el Estatut catalán y el llamado Plan Ibarretxe, que fueron promovidos por las mayorías parlamentarias de ambas naciones. Además, el Estado ha combatido las iniciativas unilaterales del soberanismo vasco (como Lizarra-Garazi) y reprimió con violencia la movilización civil y pacífica del independentismo catalán y deshizo su autogobierno con el 155.

Soberanía para una vida mejor. Un análisis honesto sobre lo acontecido en este tiempo ha llevado a ELA en su último congreso a apostar por la independencia y la república. Nuestra responsabilidad es prepararse como nación, como pueblo, y trabajar a largo plazo.

Somos conscientes de que hoy no hay una correlación de fuerzas suficiente para incrementar unilateralmente nuestro poder político, pero ello no debe abocarnos al pesimismo y mucho menos a la inacción.

Confrontar institucional, política y sindicalmente en cada materia que nos otorgue soberanía debe constituir un compromiso ineludible para mejorar la correlación de fuerzas y marcar un horizonte político. Terminar con las limitaciones para reforzar los servicios públicos y recuperar la capacidad presupuestaria de las instituciones vascas son solo una muestra de los desafíos a corto plazo.

ELA hace esta reflexión en un durísimo contexto de guerra, crisis climática y energética y empobrecimiento de la clase trabajadora. Veinticinco años después, avanzar en la soberanía se ha demostrado fundamental para hacer frente a esos escenarios y cumplir con las aspiraciones de las clases populares para alcanzar una vida mejor.

Ese sigue siendo el compromiso de ELA.