Unas horas después de que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunciara el jueves un inminente cierre del acuerdo para la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un nuevo bloqueo impuesto por el PP suspendió las negociaciones con la excusa del anuncio por parte del Ejecutivo de la reforma del delito de sedición para adaptarlo a los estándares europeos, como piden las fuerzas independentistas catalanas.

Se sumaba a las numerosas justificaciones del PP para bloquear la negociación durante cuatro años, desde la presencia de Podemos en el Gobierno a los indultos a los líderes independentistas, vetos a jueces o las elecciones catalanas, madrileñas o andaluzas, pasando por la reclamación del cambio del sistema de elección de los vocales del CGPJ. Sánchez cree que tampoco ahora el motivo esgrimido es real, sino que al PP «le han temblado las piernas» y ha sucumbido a su ala más derechista, que no quiere renunciar al privilegio que le supone el actual reparto de cargos.

De hecho, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, admitió que mantuvo contacto con varios dirigentes de su formación, como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y otros barones, antes de comunicar a Sánchez que daba por suspendida la negociación.

Ayer se supo que Díaz Ayuso le trasladó que el pacto le parecía «una barbaridad», en una presión que ya había adelantado en varios medios de comunicación. En público, se limitó a decir que había dicho «lo que corresponde a quien corresponde».

El PSOE afirma que quien manda en el PP es Díaz Ayuso y no Núñez Feijóo, y responsabiliza a la presidenta madrileña de tumbar no solo la negociación para renovar el CGPJ, sino también al propio líder de su partido «como candidato a presidir España».

Feijóo incidió ayer en la excusa, acusando al Gobierno de «erosionar la división de poderes con modificaciones de delitos tan graves como la sedición» y dejó entrever que descarta llegar a acuerdo alguno al apuntar que los «pactos de Estado, llegarán con este PP y con otro PSOE».

Según el PP, su líder reprochó a Sánchez que el jefe del Ejecutivo anunciara «erróneamente» que el acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces «estaba hecho» mientras que todavía estaban abiertos «varios asuntos relevantes e imprescindibles para el Partido Popular».

«Confirmar que el Código Penal es una herramienta que está dispuesto a entregar al independentismo no es aceptable», insistió.