«La transición ha comenzado», anunció ayer por la tarde el vicepresidente electo, Gerardo Alckmin, designado por Luiz Inácio Lula da Silva para coordinar el proceso hasta su toma de posesión, el 1 de enero de 2023, tras reunirse ayer con Ciro Nogueira, jefe de Gabinete del presidente saliente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, en el palacio presidencial del Planalto.

Por ley, el equipo de Lula puede requerir el nombramiento de hasta 50 funcionarios, que trabajarán a partir del lunes y durante los próximos dos meses con el objetivo de intercambiar informaciones para «dar continuidad a los servicios prestados a la población», explicó Alckmin, exdirigente histórico del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

En el reunión participaron también la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, y el coordinador del programa de gobierno de Lula, Aloizio Mercadante.

Remiten los bloqueos

La reunión tuvo lugar mientras camioneros bolsonaristas todavía mantienen algunos bloqueos ilegales en carreteras como protesta por la victoria de Lula, aunque han perdido fuerza después de que Bolsonaro, quien sigue sin reconocer públicamente su derrota electoral, llamara el miércoles a los manifestantes para que levantaran los cortes de rutas, mientras respaldaba sus movilizaciones en otros lugares.

«Quiero hacerles un llamamiento: desbloqueen las carreteras (...) Otras manifestaciones que se están realizando en todo Brasil son parte del juego democrático. Siéntanse a gusto», señaló en un video colgado en su cuenta de Twitter.

Los cortes de carretera para impedir, según dicen, que el «comunismo» de Lula asuma el poder, que el martes llegaron a sumar más de 250 en todo el país, se redujeron ayer a 73 cierre parciales o totales en siete de los 27 estados, según la Policía de Carreteras (PFR), que informó de 876 manifestaciones dispersadas.

Alckmin señaló que «el derecho de circular es sagrado» y criticó que los bloqueos pueden comprometer «la salud de las personas, el abastecimiento de hospitales» y traer «perjuicios» para la economía.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, advirtió de que las protestas y actos «ilícitos, antidemocráticos y criminales» que se oponen a los resultados «serán combatidos con la ley» y sus responsables, castigados. «Las elecciones han acabado, la segunda vuelta acabó democráticamente», subrayó.

El miércoles miles de bolsonaristas se congregaron frente a cuarteles en las principales ciudades de Brasil para pedir una intervención militar. Ayer, en Río de Janeiro, apenas unas decenas de personas permanecían frente a un cuartel tras pasar allí la noche.