La nueva Ley del Deporte española que ha salido adelante con los votos a favor de PSOE y UP, PNV, Más País-Equo y Compromís abre una puerta para que en algunos deportes se conformen selecciones vascas, catalanas y galegas, pero a su vez conlleva castigos inaceptables para los y las deportistas que decidan no competir bajo bandera española y para los clubes que les amparen.

La ley considera infracción muy grave «la falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales, así como la no puesta a disposición de las selecciones nacionales de las personas deportistas que hayan sido designadas para formar parte de las mismas». Esto último alude a los clubes, algo que la anterior ley esquivaba.

En el fondo, amenazan con hundir carreras deportivas y vidas. Las infracciones consideradas «muy graves» conllevarán una multa de entre 3.000 y 30.000 euros. Siempre se piensa en futbolistas millonarios, pero a estos niveles la mayoría de deportistas de élite tienen becas y sueldos ajustados. Asimismo, la ley contempla la «prohibición de acceso a los estadios» por un máximo de cinco años y la «suspensión de licencia federativa» entre dos y quince años.

Según esta norma, hay que castigar por igual no querer representar a la selección española que amañar competiciones. España hace una lectura peculiar del espíritu olímpico.

Negar bajo amenazas lo que la gente siente

Es cierto que la obligatoriedad de participar en la selección española no es nueva y que la anterior ley ya contemplaba sanciones, aunque no las explicitaba y no abarcaban a los clubes. Pero, entonces, ¿por qué no se conocen más casos de deportistas que renegasen de ser seleccionados por España? ¿No los había? Claro que sí, pero había un acuerdo tácito de no llamar a aquellos que no quisiesen ser seleccionados. Federaciones, seleccionadores, deportistas y clubes asumían ese pacto sin hacer escándalo de ello.

Era algo así como la política «Don't Ask, Don't Tell» (prohibido preguntar, prohibido decir) del Ejército de EEUU, según la cual los militares no debían preguntar ni responder sobre la orientación sexual. La doctrina estaba destinada a que las personas no heterosexuales pudiesen estar en el Ejército sin ser oficialmente perseguidas, pero a costa de no identificarse. Fue establecida por Bill Clinton con el objetivo de acabar con la discriminación. Fue derogada por Barack Obama porque sí era discriminatoria y no funcionaba.

Salvando las distancias, nadie preguntaba si un deportista no iba a la selección porque estaba lesionado o porque no era español. Ahora les quieren forzar a que comulguen bajo amenaza y a los clubes a que les delaten. Toda ley que reprima la libertad de la gente para sentir diferente será injusta y estará destinada a fracasar. Si la promulgase un Estado considerado autoritario, nadie dudaría de que esta ley es negacionista de la diversidad y persigue a la disidencia.

Una identidad frágil y, a la vez, violenta

Euskal Herria vive una fase transitoria, distinta a la anterior. Cuando los niveles generales de sacrificio se han relajado, es comprensible que un atleta anteponga su carrera a su sentimiento nacional. Tampoco tienen respaldo institucional suficiente ni alternativas reales. Con esa limitada libertad, la gente puede apoyarles, o no. En ese ámbito, la situación se asemeja a lo que ha sido Catalunya estas décadas. Habrá que adaptarse y rearmarse partiendo de esta realidad.

Una realidad que es incoherente y paradójica. Los españoles tienen una identidad tan frágil, acomplejada y violenta que, aunque en este terreno todo les favorece, no encuentran otra fórmula que la amenaza y el castigo. No hay fair-play posible. Hay que jugar y hacer política partiendo de que esto es así.