La presidenta de Perú, Dina Boluarte, admitió la posibilidad de convocar elecciones anticipadas si es necesario y tras un diálogo con las fuerzas políticas, después de la destitución y detención de su predecesor, Pedro Castillo.

Aunque recordó que su mandato se prolonga hasta 2026, «si la sociedad y la situación lo amerita, adelantamos elecciones, en conversación con las fuerzas democráticas y políticas del Congreso».

Mientras, Boluarte prepara un gabinete para salir de la crisis. Pero si Castillo ya se vio empantanado en la confección de un Ejecutivo para poder avanzar en su agenda y no perder apoyos, la nueva presidenta no lo va a tener más fácil.

Boluarte comenzó ayer las reuniones con las diferentes bancadas del Parlamento, «tanto de derecha como de izquierda», a las que en su toma de posesión había pedido una «tregua política».

Perú Libre se desmarca

A Castillo, que llegó a designar una media de un ministro cada seis días, mezclando figuras desde la izquierda a la extrema derecha, el intento de compensar apoyos le ocasionó todo lo contrario: la pérdida de prácticamente todos sus soportes, comenzando por Perú Libre, la formación de izquierda que lo llevó hasta la Presidencia.

Ayer, el secretario general de este partido, Vladimir Cerrón, rehusó integrar el nuevo gabinete, ante lo que Boluarte le pidió diálogo.

La presidenta también militó en Perú Libre, pero fue expulsada por críticas a la dirección poco después de las elecciones. Paralelamente, de los 37 congresistas inicialmente elegidos por Perú Libre hoy solo quedan 15 y el resto han formado grupos alternativos.

De esta forma, sea cual sea la composición del Ejecutivo, Boluarte se enfrenta en soledad a un Legislativo fragmentado, en el que la derecha que obstaculizó la gestión de Castillo ve abierta la posibilidad de volver al Gobierno (que no al poder, que siempre retuvo) que las elecciones negaron al fujimorismo.

Sin el apoyo de un partido y con la derecha al acecho, la presidenta tantea a los grupos para comprobar si le aceptan la tregua política que pidió en su toma de posesión o se ve abocada a convocar comicios. Mientras, Castillo sigue encarcelado, al menos durante siete días, y los registros en la sede presidencial y en varios ministerios buscan pruebas para incriminarlo por un delito de «rebelión», al intentar dar un golpe de Estado que acabara con el permanente bloqueo al que el Legislativo y algunos jueces habían sometido la acción de gobierno.

El exmandatario intentó disolver el Congreso antes de que se votara una moción para destituirlo -la tercera en año y medio-, pero no contó con apoyo alguno y varios ministros dimitieron de inmediato. La Fiscalía citó a declarar ayer a algunos de ellos.

Boluarte quiere ver a Castillo

Los investigadores creen que fue la ex primera ministra Betssy Chávez la que presionó a Castillo para cometer su «suicidio político», y Perú Libre apuntó también al ex primer ministro Aníbal Torres.

Los abogados del expresidente argumentan que «no se cometió un delito de rebelión porque no llegó a materializarse» y reclaman que se declare sin fundamento la investigación del fiscal.

La jefa de Estado afirmó que Castillo dio un golpe que sorprendió incluso a sus ministros, pero mostró su interés por «en algún momento visitarlo y saber qué pasó».

Sobre la petición de asilo del exmandatario a México, Boluarte afirmó que «lo tendrá que validar el Gobierno mexicano», pero Lima acusó a México de injerencia del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Este confirmó que Castillo pidió asilo político por teléfono a la Embajada mexicana poco antes de ser detenido cuando intentaba llegar a la misma.

Protestas en apoyo de Castillo y para reclamar elecciones

Desde el miércoles van creciendo las protestas en apoyo del expresidente peruano Pedro Castillo. En Lima se concentraron alrededor del Congreso, al que los manifestantes ven como el centro de poder de las élites peruanas. La Policía empleó gases lacrimógenos para disolverlas y llevarlas a calles aledañas. Los seguidores de Castillo culpan a la nueva presidenta de estar detrás de la represión. «Dina Boluarte, traidora», es uno de sus lemas. La mandataria se defendió afirmando que ella no ha provocado esta crisis política, sino que está cumpliendo «el rol constitucional», y pidió «calma». Sustentadas sobre todo por las bases de los sindicatos, principalmente los de educación, las movilizaciones reclaman también nuevas elecciones generales. Además de en la capital, las protestas y bloqueos de carreteras se produjeron en Canchis, Cuzco, Canas, Arequipa, Puno, Ica y Cajamarca. GARA