La ministra de Igualdad, Irene Montero, se equivocó. No en la defensa que hizo de la denominada «ley de solo sí es sí», sino en haber dejado la puerta abierta para que la mediocracia periodística se una para tergiversar sus palabras. Según la ministra, debido a la escasa formación de algunos jueces en materia de violencia de género y, en algunos casos, por las actitudes machistas -tal vez por desconocimiento- de algunos magistrados, no se está aplicando la nueva ley de manera adecuada en todos los casos. Si toda la derecha ultramontana española ha puesto el grito en el cielo -desde no pocos varones del Partido «Socialista Obrero» Español, pasando por los moderados cachorros de Aznar, Rajoy, Casado y Feijóo, hasta llegar a los fascistas machirulos de la extrema derecha-, la ley es, sin lugar a dudas, una muy buena ley; una ley que hace posible la defensa de los derechos de las mujeres ante todos aquellos que consideran el feminismo, comprometido con la igualdad de hombres y mujeres, una auténtica amenaza a su hombría.

Un sinfín de indocumentados leguleyos, de conferenciantes ignorantes y de tertulianos comprometidos con la desinformación, «prietas las filas en defensa de la judicatura», afearon el comportamiento de la ministra al señalar, supuestamente -sin siquiera decirlo-, que todos los jueces eran fachas. En España, al igual que en otras partes del mundo, como bien se sabe, los jueces son de todo pelaje y condición, y los hay conservadores, progresistas, de más izquierda y de menos derecha, ¿o es a la inversa?

No se es muy consciente, también en este caso, de que cuando un mensaje ha de ser repetido una y mil veces, ello se debe a que no se cree en la veracidad de su contenido. «El sistema financiero español es fuerte y solvente». Irónicamente, hubo que rescatarlo con dinero público y con la creación de un «banco malo» del que todos nos hacemos cargo. «La covid está bajo control en España y la ciudadanía no tiene por qué preocuparse». No transcurrió mucho tiempo para desmentir tal afirmación. «España es un país homologable al resto de las democracias occidentales», con la salvedad de que buena parte de los casos judiciales que pasan por los tribunales europeos e internacionales no demuestran que esto sea cierto. Y ahora la diversidad ideológica de la judicatura es la que ha de ser salvada.

La ministra Montero no calibró la repercusión de sus palabras cuando habló de cursos de formación en cuestiones de género para los jueces. Con ello estaba tocando, siquiera levemente, uno de los pilares fundamentales en los que se sostuvo el tránsito de la dictadura a la «democracia», sin que apenas se hicieran modificaciones en su diseño y estructura. Claro que hay jueces que no son conservadores, del mismo modo que hay policías nacionales, guardias civiles y militares que tampoco lo son. Ahora bien, en las cuestiones fundamentales, los jueces progresistas no han podido hacerse notar en un sistema que permaneció inalterable tras la dictadura. En cambio, los jueces más reaccionarios y ultraconservadores sí que están presentes en las cuestiones en las que ellos consideran que se está poniendo en peligro la seguridad del Estado. Y, sin embargo: jueces que instruyen determinados casos y magistrados que los juzgan no son, de ninguna de las maneras, conservadores de las esencias nacionales, cuando miran a otro lado en los casos de denuncias de torturas -tal y como se ha determinado reiteradamente en esos otros tribunales internacionales no tan comprometidos con la unidad de la patria-, o cuando cierran periódicos y medios de comunicación. Cómo dudar, del mismo modo, del garantismo de que hacen gala los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional que continúan aplicando una política penitenciaria de excepción. No son tampoco conservadores los magistrados que juzgaron y condenaron a los líderes políticos catalanes por un mero acto de desobediencia civil legítimamente democrático. ¿Cómo van a ser conservadores los jueces que se despreocuparon de manera flagrante de investigar los crímenes del franquismo? La «Ley de Amnistía» del año 1977, en tanto que -en consideración del «Derecho internacional»- ley de punto final, no ha sido jamás cuestionada por ningún solo juez en el ejercicio de su función. Gracias a la «progresía judicial», la impunidad de los franquistas, desde el momento mismo del golpe de Estado del 36 y hasta después de la muerte del dictador, ha sido un hecho, y las víctimas de la dictadura y de la posdictadura continúan viendo negado su derecho a una justicia reparadora.

Sabiendo como sabemos las dificultades que han tenido los magistrados para hacer la necesaria adaptación de la judicatura a los dictados de la democracia, no cabe la posibilidad de que en las instancias judiciales estén asentados los valores de un sistema patriarcal que relega a la mujer a un segundo plano. Las advertencias de Naciones Unidas sobre el peligro que supone el mantenimiento de ese sistema patriarcal en los tribunales no deben ser, por tanto, atendidas. En última instancia, en España las mujeres que denuncian malos tratos o agresiones sexuales no suelen pasar por el calvario de ser cuestionadas, una y otra vez, cuando se ven en el trance de dar a conocer sus casos ante los tribunales.

La conocida fórmula del «imperio de la ley» no parece preocupar a ninguno de los cruzados del orden judicial. Siendo la ley una forma -en algunos casos justa y legítima- de imposición, el denominado imperio de la ley parece reforzar más la mera imposición que la ley justa y democrática. Estar en manos de los ya descritos jueces y magistrados no-conservadores, no-machistas, no-fascistas y, también, muy ilustrados, al parecer, no es razón para estar preocupado o, como en este caso, preocupada.