Por primera vez en 40 años, el Tribunal Constitucional adoptó ayer la medida cautelarísima de suspender un debate en las Cortes Generales. Y lo hizo, además, apoyándose en dos miembros que tienen sus mandato caducado e implicados directamente en la materia sobre la que decidían. Pero, además, tomó la decisión sobre unas enmiendas presentadas en el Congreso cuando el debate está ya en el Senado.

Lo normal habría sido que el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez se hubieran abstenido en decisiones que van a condicionar su futuro laboral, pues debatían sobre una reforma legal que afecta directamente a su continuidad en el cargo. Pero es que ni siquiera se echaron a un lado a la hora de rechazar sus propias recusaciones. Se empecinaron en ser juez y parte hasta las últimas consecuencias. Porque de ello dependía que los miembros del TC elegidos por el PP, equipo al que están adscritos, pudiera tener la mayoría necesaria para imponer sus tesis.

Y con esa mayoría cruzaron ayer el Rubicón de entrometerse en la aprobación de una ley en las Cortes Generales, con carácter preventivo. El Senado tenía previsto abordar la tramitación de esta reforma legal en la Comisión de Justicia convocada para las nueve de la mañana de hoy y el pleno está anunciado para este jueves. Habrá que ver qué partes de la reforma se pueden debatir y votar.

Es más, de seguir el curso normal de los debates en el TC, la decisión hubiera correspondido a una sala con empate a tres entre «conservadores» y «progresistas», en el que el voto de calidad del presidente «progresista» de esa sala habría ido en contra de las tesis de PP, Vox y Cs. Pero el presidente del TC decidió el miércoles «avocar» esa decisión para el Pleno del TC, donde los elegidos por el PP son todavía una mayoría ya caducada.

Precedente anticipador

Antes de la decisión de entrar en el Senado a golpe de auto y en un precedente clarificador, el pleno del tribunal, con los votos a favor de los 6 miembros de la «mayoría conservadora» y la oposición de los 5 de la «minoría progresista», había acordado admitir a trámite el recurso del PP contra las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial; y rechazar las recusaciones de Unidas Podemos y PSOE contra los dos magistrados concernidos, con los votos de ellos mismos.

Cabe recordar que el TC ya se reunió con carácter urgente el pasado jueves, pero entonces su presidente, Pedro González-Trevijano, accedió a aplazarlo al lunes después de que los cinco magistrados progresistas amenazaran con irse, por entender que les faltaba tiempo para estudiar un asunto de gran «complejidad» y «relevancia» que habían conocido apenas 24 horas antes. De haberse marchado, habrían impedido el 'quorum' de al menos 8 magistrados que se exige para que el Pleno quede constituido.

Ese aplazamiento permitió que esa misma tarde del jueves el Congreso de los Diputados aprobara por 184 votos a favor, 64 en contra y 1 abstención la reforma de los delitos de sedición, malversación y, el núcleo de este conflicto, la forma de elección de los miembros del TC, después de que el PP esté boicoteando su renovación y la del CGPJ. Hay quien duda que eso se pueda extender ahora al Senado.